El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reducir de 18 a 11 las enfermedades contra las que el Gobierno federal recomienda inmunizar de manera rutinaria a todos los niños, una modificación que representa un giro importante en la política de vacunación infantil del país.
La Casa Blanca presentó el cambio como un intento de alinear el calendario estadounidense con el de otras naciones desarrolladas y de ampliar la capacidad de decisión de los padres.
Sin embargo, la medida ha generado críticas entre especialistas y organizaciones médicas, que cuestionan la reducción de recomendaciones respaldadas durante años por evidencia científica.
De acuerdo con la nueva política, las vacunas que se mantienen como recomendación general protegen contra sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenza tipo B, enfermedad neumocócica, virus del papiloma humano y varicela.
En cambio, vacunas contra influenza, Covid-19, rotavirus y hepatitis A y B, además de algunas vacunas contra meningococo, dejan de formar parte del grupo recomendado para todos los menores y pasan a esquemas determinados mediante grupos de riesgo o decisiones clínicas compartidas.
Esto significa que padres y médicos podrán valorar su aplicación caso por caso, en lugar de que formen parte de la recomendación general federal.
La polémica por el nuevo calendario
La Administración Trump sostiene que Estados Unidos recomienda actualmente más vacunas infantiles que países comparables y que su revisión encontró un conjunto de inmunizaciones consideradas de consenso entre naciones desarrolladas.
Un informe elaborado para el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) había planteado precisamente revisar el calendario estadounidense frente a los esquemas de otros países. El documento señaló diferencias en el número de vacunas y dosis, y fue utilizado por la Administración como sustento para replantear el programa nacional.
No obstante, reducir el número de vacunas recomendadas no equivale por sí mismo a demostrar que las vacunas retiradas de la recomendación general sean innecesarias o inseguras. Ese es uno de los principales puntos de controversia, particularmente porque los calendarios de vacunación se diseñan considerando la circulación de enfermedades, riesgos epidemiológicos, edad, eficacia, seguridad y condiciones específicas de cada población.
La propia orden instruye a las agencias federales a continuar evaluando los perfiles de riesgo y beneficio de las vacunas infantiles y a mejorar la investigación sobre inmunizaciones, lo que evidencia que la discusión científica no queda cerrada con la decisión presidencial.
Trump también quiere separar la vacuna triple viral
Otro cambio relevante es la instrucción para separar la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (MMR) en tres aplicaciones individuales, en lugar de administrarla como una vacuna combinada.
Trump ha defendido públicamente esta modificación, pero especialistas han cuestionado sus beneficios y señalado que separar las aplicaciones podría aumentar el número de visitas médicas necesarias y complicar el cumplimiento del esquema de vacunación.
La decisión resulta particularmente sensible en momentos en que el sarampión continúa representando un problema de salud pública en Estados Unidos. Además, el propio calendario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ha contemplado durante años la vacuna MMR como parte de la protección infantil rutinaria.
Libertad de los padres frente a obligaciones estatales
La orden también plantea que los estados respeten disposiciones relacionadas con autoridad parental, libertad religiosa, discapacidad y exenciones médicas y religiosas frente a los requisitos de vacunación infantil.
Sin embargo, el alcance de la orden presidencial no significa que automáticamente desaparezcan las obligaciones de vacunación establecidas por los estados. En Estados Unidos, los gobiernos estatales conservan amplias facultades para determinar los requisitos de inmunización para el ingreso a escuelas y guarderías, por lo que la aplicación práctica de la nueva política podría variar de una entidad a otra.
Así, el conflicto no es únicamente sanitario: también abre una disputa política y jurídica sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para modificar las recomendaciones de vacunación frente a las facultades de los estados y la autonomía de médicos y familias.
Un cambio con consecuencias todavía inciertas
La Administración Trump asegura que la reforma representa un calendario basado en «ciencia de máxima calidad» y que ofrecerá mayor flexibilidad a pacientes, padres y médicos. Sus críticos, en contraste, sostienen que modificar recomendaciones nacionales de esta magnitud puede generar confusión y reducir la cobertura de vacunas contra enfermedades prevenibles.
El cambio ocurre además bajo la influencia política del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien durante años ha mantenido posiciones críticas hacia determinadas vacunas y políticas de inmunización. La nueva estrategia, por ello, se ha convertido en uno de los cambios más controvertidos de la Administración en materia de salud pública.
El reto ahora será determinar si la reducción de recomendaciones consigue el objetivo anunciado de otorgar mayor libertad a las familias sin provocar una disminución de las coberturas de vacunación ni facilitar nuevos brotes de enfermedades prevenibles.
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La disputa, en última instancia, enfrenta dos argumentos: la libertad de elección de los padres y la responsabilidad de las autoridades de mantener niveles suficientes de inmunización para proteger tanto a los niños como a la población en general.
