En Oaxaca, en Villa Hidalgo Yalalag, una familia indígena la desterraron, por determinación mayoritaria de su asamblea de usos y costumbres, y la despojada de sus bienes, -un terreno, su rancho y una vivienda-, por «violentar» sus normas comunitarias y no pagar una multa.
Por el caso, la Comisión Nacional y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), inició una recomendación que es atendida por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Secretaria General de Gobierno (Segego) para que se negocie el retorno de la familia víctima de desplazamiento.
Lenin Eslava Primo, padre de familia de 4 niñas de 15, 14, 11 y 7 años, todos son originarios de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag; y su esposa Delia Carmela Huerta Pérez, acusan de abuso de autoridad ante el ayuntamiento de Villa Hidalgo Yalalag y a su asamblea comunitaria; que se rige bajo usos y costumbres, por la expulsión y el despojo de sus bienes sus rancho, argumentando un desacato comunal.
Sin embargo aclara, que su destierro, solo fue para quitarles sus derechos como comuneros.
“La autoridad municipal y los caciques del pueblo derivado de un conflicto de colindancia por una propiedad del presidente de bienes comunales Emiliano Aquino Álvarez, que comenzó por invadir 50 metros de mis terreno, sin razón alguna, ordenó encerrarme, el pasado 9 de junio, junto con mi esposa mis hijos y como me inconformé y denuncié el despojo ante la autoridad judicial, determinaron por quitarme mis derechos como comunero y me expulsaron del pueblo junto con toda mi familia”, narró.
Lamentó que en Yalalag no haya justicia, ni le; por que el presidente de bienes comunales quien le despojó de sus bienes tiene relación de amistad con el alcalde de la comunidad Abel Cristóbal Madrid y el síndico Lorenzo Ríos Montalvo.
La víctima alega que cuando la encarcelaron, la autoridad municipal le fijó una multa excesiva que no pudo pagar; y por ello la autoridad municipal y agraria con aval de la asamblea, se cobraron quitándole sus bienes y propiedad; ordenando su destierro de la comunidad al declararlos como ciudadanos no gratos.
La familia narra que ante el pueblo los dejaron como peleoneros; cuando en realidad son las propias autoridades quienes invaden y prácticamente les robaron sus propiedades; razón por la cual los expulsaron de la comunidad con fuertes amenazas para no volver.
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Ante el destierro precisa que sus hijas continúan en clases en línea; pero a la mayor la expulsaron de primer año de bachillerato, sin razón alguna; teniendo que inscribirse en una escuela en el poblado de Zimatlán de Álvarez, donde ahora están albergados; lugar en el que desde hace 4 meses vive la familia con ayuda de familiares que les tendieron la mano y sobreviven de la venta de productos agrícolas que llegan a cosechar.
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