En Oaxaca la patrulla feminista volvió activarse. Colectivos llegaron a las puertas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) para exigir que no se acepte el registro de ningún candidato a gobernador, o presidente municipal que este en buro de deudores alimentarios por no cumplir con el pago de pensiones.
Lideradas por la activista, Diana Luz Vásquez, las manifestantes lanzaron consignas y colocaron un tendedero con la fotografía de alguno de los aspirantes incluso a presidentes municipales que volverán a contener en los comicios extraordinarios en 7 municipios que tienen denuncias penales por violencia de género y hay sentencias en su contra por no cumplir con el pago de alimentos a sus familias.
También exigieron revisar en las 3 de 3 y los antecedentes penales y civiles de los candidatos a gobernador de los diferentes partidos políticos que contenderán en las elecciones del próximo 5 de junio del 2022; para que no les otorgue el registro aquellos que sean acreedores alimentarios.
“En Oaxaca se van a repetir varios procesos electorales de concejales en 7 municipios, y muchos de estos señores burlaron la ley y los filtros de las 3 de 3 en el proceso electoral pasado; queremos que esto no se repita y por ello exigimos al Instituto Electoral, a sus consejeros y consejeras, que definan lineamientos claros con perspectiva de género para que no vuelvan a ser candidatos a cargos de elección popular, hombres que son padres irresponsables o ser agresores de mujeres”.
Entre los casos denunciados está Alejandro Facio candidato del PAN; Casiano Luis Mejía candidato del PT a la Presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, que no quiere pagar la pensión de una menor hija; o los casos de los presidentes municipales electos de Mariscala de Juárez y de San Pedro Tapanatepec; no deben tomar posesión de sus cargos el próximo 1 de enero; porque hay sentencia condenatoria dictadas, por jueces civiles por ser deudores alimentarios.
De acuerdo con la reforma aprobada por la legislatura local de Oaxaca, los infractores con sentencia judicial por ser acreedores de pensiones alimenticias serán exhibidos en el registro estatal de deudores alimentarios; donde la ley les suprime sus derechos políticos e incluso sus derechos a obtener un crédito bancario y otros derechos civiles.
De acuerdo con la sentencia judicial, Humberto López Parrazales presidente municipal electo en San Pedro Tapanatepec, emergido del Partido Morena, tiene una denuncia civil y penal por no pagar la manutención de dos hijos que tuvo con su primera esposa desde hace 7 años; fue requerido por un juez civil que le demandó el pago de una pensión alimenticia que se niega a pagar por no tener recursos alegan sus abogados.
Otro presidente municipal que tampoco podrá ejercer su cargo el próximo 1 de enero, también por ser publicado en el buró de deudores alimentarios es el alcalde electo de la coalición PRI-PAN-PRD Jairo Hernández.
El acusado tiene una demanda en el juzgado mixto de Huajuapan de León por paternidad ausente; además de que adeuda desde hace 7 años las pensiones alimenticias a dos menores hijos de 6 y 4 años.
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De acuerdo con la madre de los menores; el implicado, abandonó el seno familiar para irse a vivir con una mujer menor con la que tiene un concubinato.
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