La violencia familiar en Hidalgo mantiene un alarmante nivel de impunidad. Entre 2020 y enero de 2026, el 98 por ciento de las denuncias presentadas por este delito no derivaron en una sentencia, evidenciando el rezago institucional para atender uno de los problemas de mayor impacto social en la entidad.
De acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició 41 mil 97 carpetas de investigación por violencia familiar durante ese periodo; sin embargo, el Poder Judicial estatal emitió apenas 732 resoluciones, entre condenatorias y absolutorias.
La disparidad entre denuncias y sentencias refleja un sistema judicial rebasado y una respuesta insuficiente frente a un delito que, además, mantiene una tendencia al alza. Tan solo en seis años, las querellas por violencia familiar aumentaron cerca de 33 por ciento, al pasar de 5 mil 724 casos en 2020 a 7 mil 645 en 2025.
El distrito judicial de Pachuca concentra el mayor número de sentencias, seguido de Tula, Tulancingo y Tizayuca, pero las cifras siguen siendo mínimas frente al volumen total de investigaciones abiertas.
La legislación hidalguense reconoce la violencia familiar como cualquier acto de poder u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual, patrimonial o económico dentro o fuera del hogar. Pese a ello, miles de casos permanecen atrapados en procesos inconclusos, dejando a víctimas sin acceso efectivo a la justicia.
El problema adquiere mayor gravedad debido a que autoridades estatales han vinculado la violencia familiar con desapariciones en la entidad, lo que expone cómo la falta de atención oportuna no solo perpetúa agresiones dentro del hogar, sino que puede escalar a otros delitos de alto impacto.
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Las cifras exhiben una realidad preocupante: mientras las denuncias crecen, la capacidad de respuesta institucional sigue rezagada, alimentando un círculo de violencia e impunidad que continúa afectando a miles de familias hidalguenses.
