Aunque Hidalgo aparece dentro del Top 10 nacional de las entidades “más pacíficas” del país, la reciente ola de homicidios, ejecuciones y hallazgos violentos registrados en distintos municipios ha puesto en entredicho el discurso oficial sobre seguridad y estabilidad en la entidad.
De acuerdo con el Índice de Paz México (IPM) 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, Hidalgo se ubicó en el noveno lugar nacional y en la segunda posición de la región centro del país en niveles de paz y seguridad. El informe destaca disminución en delitos vinculados con delincuencia organizada, control en homicidios y una menor percepción de miedo entre la población.
Sin embargo, los hechos ocurridos durante los últimos días muestran un escenario distinto al reflejado por las estadísticas nacionales.
Tan sólo en los dos primeros días de la tercera semana de mayo fueron asesinadas al menos cinco personas en distintos puntos de la entidad. Uno de los casos más impactantes ocurrió en Zempoala, donde fue localizado el cuerpo semicalcinado de una persona en la colonia El Mirador, cerca de la carretera México–Pachuca.
Horas después, en la localidad de Venustiano Carranza, también en Zempoala, fueron encontrados los cadáveres de un hombre y una mujer abandonados en terrenos de cultivo cercanos a la carretera México–Tulancingo. Ambas víctimas presentaban severos golpes en la cabeza y ya no contaban con signos vitales cuando arribaron elementos de Protección Civil.
Ese mismo lunes, en Mixquiahuala, dos hombres fueron ejecutados a balazos dentro de una vivienda ubicada sobre el camino Cañada–Juandhó. Los agresores, según reportes preliminares, lograron escapar a bordo de una motocicleta rumbo a la comunidad de Teñhé.
La violencia también alcanzó a Singuilucan, donde fue hallado otro hombre sin vida en un campo de cultivo ubicado en los límites con Epazoyucan.
A estos hechos se suma la ejecución de una persona en la colonia La Loma, en Pachuca, ocurrida el mismo día en que el gobierno estatal de Morena, Julio Menchaca, realizaba la entrega de patrullas y equipamiento policiaco como parte de su estrategia de seguridad pública.
Semanas antes, también fue asesinado un trabajador del CREEN en la colonia San Antonio de Pachuca, hecho que generó preocupación entre habitantes de la capital hidalguense.
En tanto, la región de Tula continúa registrando ataques armados y muertes violentas en medio de un contexto marcado históricamente por la disputa entre grupos delictivos y actividades relacionadas con el robo de hidrocarburo.
La contradicción entre los indicadores oficiales y los hechos violentos recientes vuelve a exhibir las limitaciones de los índices estadísticos para reflejar la percepción real de inseguridad entre la población. Mientras el gobierno presume avances en materia de paz y seguridad, las ejecuciones, hallazgos de cuerpos y ataques armados continúan acumulándose en distintas regiones del estado.
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El aumento de hechos violentos también ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades estatales, especialmente en zonas donde el crimen organizado, el huachicoleo y la violencia armada mantienen presencia constante pese a los discursos oficiales de control y estabilidad.
