A poco más de un año de concluir la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Guerrero enfrenta una creciente crisis de gobernabilidad marcada por el avance de grupos criminales como la Familia Michiacana, desplazamientos forzados y comunidades enteras abandonadas por las autoridades.
En regiones como la Montaña y Tierra Caliente, pobladores denuncian que el cártel de La Familia Michoacana ha consolidado un control territorial basado en la imposición de cuotas, la disputa de rutas de trasiego y la explotación de recursos naturales como madera, oro y uranio, además de buscar espacios para instalar laboratorios de fentanilo.
Uno de los casos más críticos se vive en Guajes de Ayala, en la sierra de Coyuca de Catalán, donde ejidatarios permanecen armados y en vigilancia ante el intento de desplazamiento por parte del grupo criminal. La comunidad, históricamente dedicada a la defensa de sus bosques, enfrenta ahora una nueva embestida en medio de escuelas cerradas, centros de salud abandonados y una vida cotidiana alterada por la violencia.
La ausencia del Estado , a cargo de Evelyn Salgado, se refleja en servicios básicos colapsados. El único centro de salud de la zona lleva cuatro años sin operar y, ante una emergencia médica, las familias deben recorrer hasta siete horas para recibir atención, con costos que superan los cinco mil pesos, esto, de acuerdo con un reportaje de la revista Proceso.
En materia educativa, tres escuelas primarias quedaron sin maestros desde octubre de 2025, luego de enfrentamientos entre grupos criminales y autodefensas. La falta de garantías de seguridad obligó al personal docente a abandonar la región.
Organizaciones de derechos humanos advierten que el desplazamiento forzado y la violencia sistemática en Guerrero evidencian no sólo la expansión del crimen organizado, sino también la incapacidad institucional de Evelyn Salgado para contenerlo, pese a la fuerte presencia militar en la entidad.
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El balance para el primer gobierno de Morena en Guerrero deja una constante: comunidades sitiadas, programas sociales ausentes y una autoridad que, para miles de habitantes, ha sido rebasada por el poder criminal.
