Por el caso Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que ha asegurado, hasta el momento, 60 inmuebles. La mayoría pertenece a exservidores públicos de la demarcación.
Ulises Lara, vocero de la fiscalía estas propiedades, entre predios, casas y departamentos, nueve están directamente relacionados a la información que proporcionó Dionisio González, desarrollador inmobiliario de City Towers.
“Estos nueve inmuebles a los que hacemos referencia están ubicados en la calle Riff, en la colonia Santa Cruz Atoyac; en la calle José María Rico, y en los complejos City Towers, y de los cuales se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado”, manifestó.
Lara López detalló que algunos de estos 60 inmuebles, se encontraban en arrendamiento o comodato, y eran ocupados por terceras personas, mismas a las que se les han respetado sus derechos.
“La gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la alcaldía Benito Juárez (Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno); sus familiares y empresas relacionadas a dichas personas, incluyendo servidores públicos”, apuntó.
Es decir, que algunos de los exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez propietarios de estos inmuebles son; Nicias René Aridjis, Víctor Manuel Mendoza Acevedo y Emilio Sordo Zabay, entre otros ex funcionarios de alto nivel de la demarcación.
Lara López resaltó que a partir de estudios periciales de contabilidad, se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros, debido a que a una se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos.
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“Estos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita. Como parte de esta serie de hallazgos se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República al tratarse de posibles delitos del orden federal.
Ulises Lara agregó que las técnicas de investigación y diligencias de cateo han sido realizadas conforme a derecho y debidamente autorizadas por el órgano jurisdiccional.
