El exfuncionario priista y excandidato al Gobierno de Puebla, Javier López Zavala, fue sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón, el cual se registró el 21 de mayo de 2022.
El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial local, tras tres años y ocho audiencias, determinó la sentencia en contra de Javier López al encontrarlo culpable de ser el autor intelectual del feminicidio.
También impuso los mismos años de cárcel en contra de los autores materiales Jair Mauricio Domínguez, sobrino del político, y el sicario Silvestre Vargas Ramírez.
Monzón, quien era integrante de la Red Plural de Mujeres, fue asesinada de al menos seis balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta y le dispararon cuando conducía una camioneta por calles de San Pedro Cholula.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) lograron acreditar que Javier López planeó el ataque y proveyó los medios necesarios para su ejecución. De acuerdo con el fallo judicial, el Tribunal valoró la carga probatoria presentada durante el juicio oral.
Además de la privación de la libertad, el juez impuso sanciones económicas consistentes en una multa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 113 mil 140 pesos; el pago por concepto de reparación del daño moral por 3 mil UMAs y una indemnización adicional de mil 200 UMAs.
Al salir de la audiencia, Helena Monzón, hermana de la víctima y quien encabezó la batalla legal desde España y México, se mostró satisfecha con la determinación.
«Hemos conseguido ese máximo sin precedente. El tribunal ha valorado diferentes elementos, muchos de ellos tienen que ver solamente con el ánimo de impunidad con el que se comportaron los sujetos, en este caso ya van a ser condenados y por lo tanto, hemos sentido, ha contribuido toda la carga probatoria que ya desfiló.
«Le hemos hecho justicia a mi hermana, con mucho respeto a las miles de víctimas que hay en este país pendientes de justicia», declaró ante periodistas locales.
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La activista agradeció el respaldo de más de 300 organizaciones y defensores de derechos humanos que, mediante la recolección de firmas, exigieron que ningún poder político o económico se situara por encima de la vida de las mujeres.
