Las investigaciones en torno al caso de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila detenido por fuerzas federales, llevaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a acusarlo del secuestro de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, quienes fueron obligarlos a renunciar a la candidatura de Morena para la presidencia del municipio jalisciense en las elecciones de 2021.
De acuerdo con la dependencia, Rivera Navarro y sus colaboradores más cercanos habrían privado de la libertad a los representantes de Morena para forzarlos a firmar su renuncia, misma que ambos presentaron en marzo de 2021 ante el Instituto Electoral de Jalisco, tras ser puestos en libertad.
Tras ser levantados por un grupo armado encabezado por Rivera Navarro, los golpeó y los mantuvo en cautiverio en una de las casas de seguridad donde llevaban a empresarios y comerciantes que se negaban a ser extorsionados.
Indagatoria que derivó en la orden de captura contra el alcalde morenista y tres de sus cómplices.
Mediante el Operativo Enjambre, Fuerzas Federales detuvieron al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro y a tres funcionarios, por extorsionar a tequileras (Informacion en el enlace) https://t.co/e6EIUVXKTS pic.twitter.com/Oa5lb45n3j
— Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) February 5, 2026
De acuerdo con el expediente, «El Presidente» habría pactado con el Cártel Nueva Generación (CNG) su llegada a la presidencia municipal de Tequila, desde donde operó una red criminal dedicada a secuestrar, extorsionar y amedrentar a sus adversarios políticos.
De la mano de sus colabores de primer nivel, Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas; Diego López Ibarra, tesorero; se dedicó a extorsionar y secuestrar a comerciantes, artesanos y empresarios del ramo tequilero, cobrándoles cuotas semanales y mensuales.
La investigación de la FGR, iniciada en agosto de 2025, señala que el alcalde morenista de Tequila se presentaba con sus colaboradores y la policía municipal en negocios exigiendo dinero para dejarlos trabajar.
A los comerciantes del centro del municipio les exigía entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales para no cerrar su negocio, quienes no accedían a pagar eran secuestrados y en algunos casos, asesinados.
