La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con la información difundida por la FGR, el exmandatario es investigado por presuntos delitos relacionados con el ocultamiento de evidencias y obstrucción de la justicia dentro de una de las investigaciones más emblemáticas y controvertidas de la historia reciente de México.
La captura marca un nuevo capítulo en las pesquisas sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN
— FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026
Según las investigaciones, Aguirre habría ordenado ocultar pruebas relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, particularmente evidencias que podrían haber documentado la actuación de autoridades estatales y municipales durante el ataque contra los normalistas.
Testimonios de colaboradores y nuevas líneas de investigación habrían sido clave para sustentar la orden de aprehensión.
El exgobernador, quien encabezó el gobierno de Guerrero entre 2011 y 2014, renunció a su cargo el 23 de octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los estudiantes, en medio de una intensa presión social y política por la crisis generada por el caso Ayotzinapa. Desde entonces, su actuación durante aquellos hechos había sido objeto de cuestionamientos por parte de familiares de las víctimas, organizaciones civiles y organismos internacionales.
La detención ocurre en un momento en que las autoridades federales han reactivado diversas líneas de investigación sobre Ayotzinapa, incluyendo procesos contra exfuncionarios y presuntos integrantes de organizaciones criminales vinculadas con la desaparición de los estudiantes.
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El caso ha permanecido abierto durante más de una década debido a las irregularidades detectadas en las investigaciones iniciales, la presunta manipulación de pruebas y las acusaciones de encubrimiento por parte de distintas autoridades.
