Francisco Garduño duerme tranquilo. Él estaba, sostiene, a mil 800 kilómetros de distancia, cuando personal del Instituto Nacional de Migración (INM) dejó que se quemaran vivas 40 personas migrantes.
Su misma expresión, la de dormir tranquilo, refiere a un servidor público que trabaja con muy bajos estándares de ética y que no siente empatía alguna por las víctimas de un hecho tan siniestro como el que ocurrió en Ciudad Juárez.
A unos metros de Estados Unidos, en pleno recinto aduanal, se desató el infierno y no hubo forma de actuar, si no con eficacia, al menos con humanidad, porque no encontraron las llaves de las celdas, porque eso eran, donde murieron los migrantes.
Garduño está sujeto a proceso penal, pero lo puede enfrentar en libertad porque así lo dispuso un juez, rechazando la petición de la FGR que pedía que se le destituyera, pero, sobre todo, puede ir tan campante, porque así lo quiere el presidente López Obrador.
Garduño argumenta que se debe aplicar la presunción de inocencia, y tiene razón en lo que respecta a las responsabilidades directas que pueda o no tener en los hechos por los que se le juzga, pero en lo que no puede ser, es que no se apliquen correctivos de carácter político.
Esto es novedoso, porque en otro momento de la historia del país habría sido muy difícil que el director del INM se mantuviera en funciones luego de un hecho tan terrible.
¿Por qué? Porque había responsabilidades políticas que asumir y las organizaciones de la sociedad civil funcionaban como un elemento de control y de límites frente a los abusos de las autoridades.
Y no es que no se proteste y exija, porque se hace, sino porque no existe un costo para quienes ahora gobiernan. Quizá ese sea el aspecto más agobiante, porque indica que hay algo que de plano se pudrió en lo que respecta al ejercicio mismo de los cargos.
A las organizaciones no gubernamentales no les hacen caso, y algunas dejaron de ser tan aguerridas como eran antes. Hasta el 1 de diciembre del 2018 solían ser una verdadera lata en temas de migración y siempre estaban supervisando el trabajo de los agentes migratorios y de la FGR.
Por fortuna, las Naciones Unidas y la OIM mantienen su trabajo en el país y continúan haciendo los análisis adecuados, actuando en el terreno, respaldando lo que está funcionando, pero también advirtiendo sobre lo que puede colapsar.
Pero la decisión de mantener a Garduño en una posición tan relevante, y cuando los flujos migratorios se mantienen, es insólita, hasta para la 4T, porque manda el mensaje de que se continuará actuando con una mezcla de mano dura y de negligencia.
Se aprovecharán las majaderías de senadores y gobernadores de Estados Unidos para envolverse en la bandera nacional, pero lo terrible es que, con el pretexto de una intervención, más que fantasiosa, van a dejar de hacer el trabajo que urge y que en el fondo tiene que ver con instrumentar una política pública que responda a los desafíos que implicará el cierre de las fronteras en el norte del país y la llegada o retorno de personas migrantes, las que se van a quedar en México de modo indefinido.
Hay que atender y ayudar a los que, inclusive a costa de su vida, buscan mejores posibilidades de vida y huyen de la inseguridad o de la política dictatorial que impera en sus países.
Se requerirá de inversión en ciudades como Tijuana, Reynosa y, por supuesto, Juárez, porque los migrantes van a requerir de servicios, salud, educación y empleo. Otro tanto hay que hacer el sur, donde no basta con la presencia de la Guardia Nacional y más bien se requieren de enfoques de carácter humanitario.
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Migrar es un derecho humano, y lo que deben hacer los estados democráticos es ordenar y proporcionar seguridad en todos los aspectos. Eso es a lo que se ha comprometido nuestro país en los diversos instrumentos internacionales.
Sí, México debe ser un lugar de refugio, como lo ha sido en otros momentos de su historia, pero en ese esquema no cuadra que esté todavía integrado el señor Garduño, aunque tenga la dicha de dormir de un tirón y sin remordimiento alguno.
