En estas fechas se aprueba o se rechaza la ley electoral que desde el mes de abril está circulando en la conciencia política. No es una iniciativa de Morena sino del presidente de la República que expresa su sentir, convencido que su partido es una extensión de sus intereses políticos.
Hay que escribir y decir que la constitución le da el derecho de enviar iniciativas personales y la de esperar que los legisladores y legisladoras, aliados y aliadas de su partido, la aprueben, porque más que un derecho don AMLO lo percibe como una obligación.
La iniciativa se presenta como una reforma electoral y la oposición la ha tomado como un pleito personal entre el poder ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral.
Lo que motiva esta propuesta, al menos oficialmente, es reducir el costo de nuestro proceso electoral, sin tomar en cuenta la sentencia popular que dice: “Lo barato sale caro”, y es que el costo de aprobarse esta ley puede ser muy caro.
No me identifico con la oposición, no considero que la sobrevivencia de la democracia está en manos de una institución electoral, porque en mi entendimiento la democracia está en la convivencia política y el INE no dicta quién gana; su misión es garantizar que gane la mayoría con el aval de la minoría, respetando la ley sin interpretarla a su gusto.
Nuestra democracia no es cara, lo que sale oneroso es la desconfianza que motivó la creación de una institución autónoma que efectivamente da lugar a mucho dispendio, que obliga a producir credenciales de elector elaboradas con un alto costo para que no se falsifiquen, a utilizar papel especial para que las boletas no se reproduzcan ilegalmente, a vigilar que el voto no sea clientelar, a evitar acarreos, robos de urna, y a generar equidad en la contienda.
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Es decir, lo que encarece la gobernabilidad no es la democracia, sino el autoritarismo de la clase política y la despolitización de los electores.
Efectivamente hay que hacer reformas que bajen el costo de nuestros procesos de elección, entre ellas, bajando los muy altos salarios de los consejeros electorales y de sus colaboradores.
Es cierto que los partidos no merecen lo que reciben, igual es cierto que 500 diputados son demasiados, pero la iniciativa de ley que el presidente propone no mejora sustancialmente la convivencia “democrática”.
Reduce el tiempo de participación en los medios de comunicación de los partidos políticos, que ahora beneficia a los concesionarios privados. En su momento se opusieron, por las grandes ganancias que les dejaban las campañas electorales.
Elimina los Órganos Públicos Locales Electorales, quitándoles a las Entidades Federativas el derecho a su soberanía en materia electoral, aunque esta ya se había reducido desde que el IFE se convirtió en INE; esta iniciativa la concluye. Y lo mismo se propone con los tribunales electorales, sólo serán federales.
Pone en la constitución la paridad de género, lo que originalmente se consideró como una medida temporal, así que el número de diputados y diputadas obedece a la voluntad de las y los legisladores por encima de la voluntad de las y los electores.
En un país en el que la mayoría del padrón son mujeres, y si algo es sagrado en la democracia es el respeto a la voluntad ciudadana, insisto que hay mujeres con mayor capacidad que la mayoría de los hombres y hay hombres con mayor capacidad que la mayoría de las mujeres, y por eso deben ocupar cargos de responsabilidad pública, pero no porque sean hombres o mujeres. Estamos creando situaciones ficticias.
Las prerrogativas a los partidos políticos serán sólo en tiempos electorales. Ahora sí que se conciben como partidos electoreros, quitándoles recursos para afiliar permanentemente, capacitar en todo momento, organizarse para vigilar las políticas públicas, y no sólo para actividades electorales.
Reduce consejeros y consejeras de 11 a 7 (para él 7 cabezas piensan mejor que 11) y pide que sean electos por sufragio popular, sin tomar en cuenta que desde el momento en que hay una elección popular los partidos políticos intervienen.
Debo mencionar propuestas atinadas, como desaparecer los diputados y diputadas por vía uninominal, y que el cuerpo legislativo se elija con listas por Estado Federativo elaboradas por los partidos políticos buscando proporcionalidad. De esta manera la propuesta política se pone encima de la candidatura particular, pero al hacerse considerando el tamaño poblacional, dará lugar a que en las entidades más chicas los partidos menores no alcancen representación.
Los afiliados a partidos políticos no pueden recurrir a las autoridades electorales hasta agotar todas las instancias internas, lo cual puede tardar muchos años y le da más poder a los dirigentes que a la base.
Es una iniciativa centralizadora y, por lo tanto, conservadora. Desmotiva la participación en los partidos políticos, beneficia a los medios de comunicación privados. Veo con tristeza que en México la derecha es de derecha indudablemente y la izquierda deja dudas.
Dicen que para que la mujer alcance la igualdad naturalmente, se necesita mucho tiempo, pero sería lamentable que el antecedente sea que la paridad se alcanzó autoritariamente, cuando el instrumento de la democracia es la elocuencia.
Las elecciones de 2018 dejaron condiciones para hacer una reforma profunda de Estado y lamento que la falta de voluntad y de intelecto hayan desperdiciado esta oportunidad.
