El Parlamento de Francia aprobó este miércoles la ley que establece el derecho a la «ayuda a morir», una reforma impulsada por el presidente Emmanuel Macron que permitirá, bajo estrictos requisitos, el acceso a la muerte asistida o la eutanasia para pacientes con enfermedades incurables.
La iniciativa sobre la eutanasia fue avalada por la Asamblea Nacional con 291 votos a favor y 241 en contra, poniendo fin a un proceso legislativo que se prolongó durante varios años y que generó un intenso debate político, ético y social sobre los límites del derecho a decidir el final de la vida.
Con esta decisión, Francia se incorpora al reducido grupo de países que permiten la muerte asistida o eutanasia, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay.
La legislación establece que únicamente podrán solicitar la eutanasia personas mayores de edad que padezcan una enfermedad incurable, sean capaces de expresar su voluntad de manera libre e informada y sufran un dolor físico persistente que resulte resistente a los tratamientos o que el propio paciente considere insoportable tras rechazar o suspender la atención médica.
El procedimiento contempla una doble revisión. En primera instancia, un médico deberá comprobar que el solicitante cumple con los requisitos establecidos por la ley. Posteriormente, un comité evaluará el caso antes de autorizar la práctica.
La aprobación de la eutanasia provocó una inmediata reacción de la Iglesia católica francesa, que calificó la medida como «una ruptura grave en la historia» del país.
En un comunicado, representantes del episcopado, encabezados por el presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, Jean-Marc Aveline, advirtieron que la nueva legislación transformará la forma en que la sociedad percibe la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad y la enfermedad.
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La aprobación consolida uno de los proyectos sociales más relevantes del gobierno de Emmanuel Macron, aunque también profundiza la división entre quienes consideran la eutanasia un derecho ligado a la autonomía personal y quienes alertan sobre las implicaciones éticas y sociales de permitir que el Estado regule el acceso a la muerte asistida.