Dos exempleadas de Julio Iglesias presentaron una nueva querella contra el cantante por presuntas agresiones sexuales, acoso y explotación laboral ocurridos en 2021.
Las mujeres, identificadas como Rebeca y Laura, acudieron nuevamente a la justicia española después del archivo de su denuncia inicial.
Sin embargo, aquella decisión no determinó que los hechos fueran falsos ni cerró definitivamente cualquier posibilidad de investigación. La Fiscalía argumentó falta de jurisdicción española.
Ahora, las denunciantes buscan que un tribunal examine nuevamente el caso y determine si existen elementos suficientes para abrir una investigación.
Además, la querella presentada el 3 de septiembre señala posibles delitos de trata, trabajo forzado, agresiones sexuales, lesiones, trato degradante y vulneración de derechos laborales.
Según su relato, los hechos ocurrieron en propiedades de Julio Iglesias ubicadas en Bahamas y República Dominicana, donde ambas trabajaban durante 2021.
Asimismo, Women’s Link Worldwide sostiene que Julio Iglesias habría utilizado su posición de poder y la vulnerabilidad de las mujeres para someterlas a condiciones abusivas.
Por ello, las denunciantes solicitaron también medidas específicas de protección durante el procedimiento judicial.
La nueva acción obliga ahora a la justicia española a revisar los argumentos de las mujeres y determinar si puede asumir competencia sobre el caso.
Caso Julio Iglesias: El primer archivo no resolvió el fondo
En enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias al considerar que España carecía de jurisdicción para investigar los hechos denunciados en contra de Julio Iglesias.
El Ministerio Público señaló entonces que los presuntos delitos ocurrieron fuera de España y que no existían vínculos materiales suficientes con territorio español.
No obstante, Women’s Link sostiene que la nacionalidad española de Julio Iglesias puede constituir un vínculo relevante y reclama que las autoridades analicen el caso bajo los compromisos internacionales de España.
La organización también sostiene que el archivo fiscal no equivale a una resolución judicial sobre la culpabilidad o inocencia del cantante.
En contraste, la defensa de Iglesias ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como falsas, además de denunciar un supuesto “linchamiento público” contra el artista.
La nueva querella no significa que un juez haya acreditado los hechos. Ahora comienza otra batalla jurídica para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen una investigación.
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Finalmente, el caso vuelve al terreno judicial con una pregunta de fondo: si los hechos denunciados ocurrieron fuera de España, ¿qué país debe garantizar que las acusaciones se investiguen?