Cada septiembre el poder se envuelve en la bandera y grita “¡Viva México!”. Pero una patria también muere en silencio cuando sus instituciones se convierten en oficinas de partido.
Y eso es lo que la Cuarta Transformación ha hecho con México.
En nombre de la austeridad y del combate a la corrupción, el obradorismo aplicó una receta brutal: toda institución que incomodara al poder fue acusada de costosa, corrupta o inútil; después se le asfixió, colonizó o desapareció.
No depuraron al Estado: le quitaron los contrapesos.
La reforma constitucional de diciembre de 2024 ordenó extinguir al INAI, la COFECE, el IFT, la CRE, la CNH, el CONEVAL y Mejoredu.
El derecho a la información no desapareció del papel. Desapareció su garantía independiente.
Ahora, quien impugna la opacidad de una dependencia federal acude a “Transparencia para el Pueblo”, con lo que el Ejecutivo quedó como juez de la opacidad… del Ejecutivo…
México necesitaba corregir nepotismo, lentitud y corrupción en los tribunales. Pero la reforma judicial no curó al enfermo: lo sometió a la política podrida de Morena.
Un juez no está para representar mayorías ni ganar popularidad; está para aplicar la Constitución.
Sin embargo, la elección judicial de 2025 estrenó un modelo sin precedente mundial: someter a “voto popular” todos los cargos de la judicatura federal.
Los jueces del acordeón no surgieron de una ciudadanía informada, sino de boletas complejas, candidaturas desconocidas y muchos acordeones.
El INE no desapareció; designaron a una consejera presidente sometida a los designios del poder lópezobradorista. Con ello conservaron el cascarón institucional mientras destruían por dentro un organismo que se suponía autónomo.
La misma lógica acabó con el Seguro Popular, improvisó el INSABI y luego también lo extinguió.
Durante esa cadena de improvisaciones, la población con carencia por acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024.
Dos Bocas pasó de un presupuesto de 8 mil millones de dólares a 16.8 mil millones reconocidos por Pemex.
El AIFA costó oficialmente 74.5 mil millones de pesos; cancelar Texcoco costó otros 113.3 mil millones y el nuevo aeropuerto registró mil millones en transferencias, subsidios y otras ayudas durante 2025.
Incluso si esas obras operan, el sobrecosto permanece. La bandera de austeridad solo era un pretexto para no rendir cuentas, para ocultar debajo de la alfombra los negocios al amparo del poder, más aún cuando estos beneficiaban a los nepobabys sexenales.
Eso no es austeridad: es derroche de recursos ciudadanos. Pecado en un país donde la pobreza y las necesidades agobian a una ciudadanía con servicios cada día más precarios, basta ver las calles llenas de baches, la inseguridad que no para cobijada por autoridades aliadas a la delincuencia.
A la 4T le tomó algunas votaciones llevar a cabo la destrucción de las instituciones, sin embargo reconstruir las instituciones perdidas o cooptadas nos tomará generaciones.
Cada septiembre volverán las banderas y los fuegos artificiales, pero ninguna ceremonia ocultará los escombros institucionales.
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Porque una patria sin instituciones no es una República, es el terreno fértil para continuar consumando el robo en despoblado. ¿Viva México? No lo creo.
