Hace algunos años, un secretario de Gobernación describía su función como la de trabajar, con todo el esfuerzo necesario, para mantener la tranquilidad en el país, propiciando un clima político adecuado y garantizando las condiciones para que cada sector de la sociedad pudiera dedicarse a sus actividades en libertad y con provecho. Ese funcionario era Miguel Ángel Osorio Chong, quien tenía la responsabilidad de la política interna y también de la seguridad pública.
Política y seguridad son una mezcla compleja, por todo lo que contienen y significan.
Osorio Chong resolvió bien su encargo, porque el Pacto por México, que significó el cambio reformista más importante en décadas y de la mano del PRI, PAN y PRD, transitó del modo adecuado y porque en el esquema de combate a los delitos, se privilegió la prevención y la profesionalización de la Policía Federal, con un seguimiento constante al trabajo que tenían que realizar los estados de la República en el nivel de sus responsabilidades.
Pero quizá lo más relevante, ahora lo vemos con claridad, fue justamente el establecer una política de diálogo constante con las fuerzas políticas, respetando diferencias, pero, asumiendo todo lo que se podía realizar en los temas que existían convergencias.
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El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto terminó mal, tan es así que la derrota que sufrió electoralmente hablando es una de las más grandes de la historia reciente. Los ciudadanos castigaron las frivolidades y la alta percepción en corrupción.
López Obrador supo explotar muy bien los agravios que temían con la clase política y en particular con el priismo, amplias franjas de la población.
Desde Bucareli nunca se utilizaron procedimientos ilegales para atajar el crecimiento de Morena, se les permitió avanzar como pudieran hacerlo, y lo hicieron. Así es la democracia.
Quizá un error grave fue no establecer lo que estaba en juego y dar a conocer los mecanismos con los que se estaba construyendo una narrativa polarizante que es la que hoy cobija el discurso de Palacio Nacional.
Pero el contraste importa, porque el titular de la política interna, quien quiera que sea, tiene una indudable responsabilidad en que los ánimos se serenen y las cosas no se salgan de cauce.
Y esto es justamente lo que no está haciendo Adán Augusto López Hernández, el actual secretario de Gobernación. Un día sí y otro no, descalifica a gobiernos que no pertenecen a su partido y los responsabiliza de los problemas, cuando algunos de ellos, como el de la seguridad, son compartidos con la federación.
Eso hizo al señalar a Jalisco, Guanajuato y Nuevo León, como zonas de alta violencia, y no porque no lo sean, sino porque la situación está peor en Colima, Baja California, Zacatecas y Michoacán.
López Hernández lo sabe, ya que tiene datos precisos sobre el comportamiento delictivo y, más relevante, sobre el grado de presencia de las bandas del crimen organizado en las entidades del país.
