Si prosperara la idea del presidente López Obrador de suprimir al INAI, ocurriría un apagón de información pública, que abriría la puerta, aún más, para que los gobernantes actúen sin rendir cuentas.
En el fondo es lo que se pretende y que ya se intentó dejando el consejo sin el número de participantes adecuado para impedirle que sesionara y así hacer flotar en el limbo miles y miles de quejas.
Desde hace unos años, y esto se profundizó en la actual administración, es difícil que las dependencias resuelvan las peticiones sobre documentos que aluden a las afirmaciones del titular del Ejecutivo, de sus secretarios de despacho y a todo lo que tiene que ver con el ejercicio del gasto, sobre todo el que se refiere a las obras estratégicas, donde la última de sus características es la transparencia.
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Esto es así, porque a los servidores públicos, en la actualidad, les importan un comino las peticiones de los ciudadanos. Cada exigencia de información delicada es rechazada bajo dos premisas, la seguridad Nacional, que impide darlas a conocer, o la más socorrida, negar que exista.
Cada mañana, de una u otra forma, les mandan el mensaje de que el problema es proporcionar y no el ocultar la información.
Los datos personales y su protección son vistos como una extravagancia neoliberal y por ello se pueden filtrar los datos de 300 periodistas que acuden a las conferencias del presidente de la República y que esto ocurra porque no gastan en medidas eficientes de seguridad y no saben ni poner una contraseña segura en los equipos de cómputo.
Es una consecuencia de la ausencia de rigor. Hasta finales del 2018, todavía el INAI causaba angustia en los sujetos obligados, porque se tenían que cumplir los tiempos para entregar las informaciones que se solicitaban.
En algunos lugares ahora ya ni buscan la información, porque no existe ningún aliciente para hacerlo y, además, nadie con poder les va a reclamar, sino al contrario.
Pero eso no descalifica al INAI, sino al contrario, porque lo que revela es la urgencia de fortalecerlo, para no ir como los cangrejos en temas que se habían superado hace décadas y que son clave para la democracia.
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Por cierto, cuando se creó el IFAI, en junio de 2002, se hizo con unanimidad partidista en las cámaras. La efeméride cuenta, porque muchos de los que ahora están en Morena, formaban parte del PRD, quienes siempre estuvieron comprometidos con hacer realidad el derecho a la información.
La excepción fue mientras López Obrador gobernó la Ciudad de México, porque hizo hasta lo imposible para impedir el funcionamiento de la institución de transparencia local.
Para el entonces jefe de Gobierno, todo se resolvería en las ventanillas de cada secretaría.
Esto no prosperó, precisamente, porque al inicio del siglo, López Obrador estaba acotado por el poder presidencial y por la pluralidad de los órganos legislativos.
En realidad, la iniciativa para desaparecer al INAI es justamente porque funciona, y funge como un contrapeso, acotando la acción de los gobernantes, ya que saben que en cualquier momento pueden ser observados desde la lupa de la transparencia.
Los que tienen claridad de esto, son los comisionados Adrián Alcalá, Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román, quienes advirtieron que no se pueden trasladar las funciones del Instituto a la Secretaría de la Función Pública ya que significaría que el gobierno se vigile a si mismo. Es evidente lo que ocurriría en un escenario así.
Por eso los comisionados piden una discusión seria sobre la naturaleza del propio INAI, e inclusive se dicen dispuestos a buscar áreas de oportunidad para mejorar.
Es loable que procedan así, pero en Palacio Nacional no hay disposición para discutir con nadie, porque no se trata de llagar a un acuerdo, sino de imponer una mayoría que, por fortuna, en este momento no tienen en las cámaras legislativas.
Publicado en Emeequis el 7 de febrero de 2024.