Por primera vez en 20 años, el INAI no pudo sesionar. 500 medios de impugnación no se resolvieron y es solo el principio de lo que será un apagón a la transparencia en México. Es como una habitación en la que las zonas luminosas van dando paso a la oscuridad.
Solemos dar por hecho que los avances son definitivos, que existen acuerdos básicos sobre el funcionamiento del Estado y la rendición de cuentas, pero a estas alturas es evidente que esto no es así.
El 25 de octubre del 2002 nació el IFAI (ahora INAI), lo que significó un logro de la sociedad y una buena decisión del presidente Vicente Fox que no obstaculizó una tendencia internacional y de vanguardia. Para los gobiernos nunca es sencillo el estar sujetos a obligaciones y mucho menos a que los ciudadanos y en particular los periodistas anden husmeando por todos lados.
La transición a la democracia también lo fue en el sentido del reconocimiento del acceso a la información como un derecho que fuera operable y no solo enunciativo.
A López Obrador nunca le ha gustado la transparencia. Cuando era jefe de Gobierno hizo hasta lo imposible para que el instituto local no funcionara. No pudo, porque los equilibrios políticos eran otros.
Al INAI ya lo tenían sentenciado, aunque no era la mayor de las prioridades, porque los esfuerzos destructivos estaban enfocados hacia el INE y el Tribunal Electoral.
Pero la propia coyuntura les está facilitando la actuación y van a dejar morir al INAI y lo harán por inoperancia.
Es una situación deliberada en la que comparten responsabilidad el Poder Ejecutivo y los senadores que están a su servicio.
Desde hace meses tuvieron que nombrar a dos de los comisionados. Lo intentaron y se llegó al acuerdo de designar a Rafael Luna y a Yadira Alarcón. El presidente López Obrador vetó los nombramientos, argumentando que se trataba de una componenda entre Morena y el PAN.
A esta situación se sumó que a finales de marzo terminó el periodo del comisionado Francisco Acuña por lo que en el consejo del Instituto ya solo quedaron cuatro integrantes y se requieren de cinco, como estipula la ley, para poder resolver los asuntos de mayor trascendencia.
Los comisionados, Blanca Lilia Ibarra, quien preside el consejo, Adrián Alcalá Méndez, Norma Julieta del Río y Josefina Román, ya pidieron el auxilio de la Suprema Corte para que emita medidas que les permita continuar con su labor.
El miércoles, en reunión con senadores, el secretario de Gobernación, Adán López Hernández, dejó muy claro que a ellos no les corre prisa para remediar la situación. Total, ya son 377 días de omisión legislativa. Dio línea y hay poco margen porque los legisladores que actúan con independencia, entre ellos Ricardo Monreal, son pocos. Monreal, sin embrago, intenta todavía el construir una mayoría ya que “es prioridad para nosotros, pues el funcionamiento de los órganos autónomos es deseable”.
Quien dio en el clavo es la senadora Josefina Vázquez Mota, al dejar claro que “el propósito es la destrucción del INAI por parte del grupo mayoritario”, de ahí que sea urgente resolver los nombramientos.
¿Cuánto durará el apagón? No lo sabemos, pero tendrá implicaciones por lo que se dejará de conocer mientras la situación persista.
Si bien hay obligaciones de transparencia que se tienen que cumplir de modo cotidiano, lo que quedará en veremos es justamente la posibilidad de quejarse cuando las autoridades no quieren informar sobre asuntos de carácter público, que son todos, con excepciones que tienen que ver con la protección de datos personales y la seguridad nacional.
Por ejemplo, en la Presidencia de la República dicen que no saben cuánto costó el evento auto celebratorio del 18 de marzo. Desconocen quién llevó las sillas para los invitados y no tienen idea de otro tipo de desembolsos, como tarimas y demás elementos logísticos. Así nos quedaremos, porque no se pueden resolver los recursos de impugnación.
También lee: El desafuero: el error y la catástrofe
Aunque lo anterior es anecdótico, hay que trasladarlo al tema de los contratos, las licitaciones y el uso mismo del presupuesto público y ahí sí veremos el tamaño del despropósito.
En dos décadas el INAI resolvió 8 millones de impugnaciones, y muchas de ellas significaron dar claridad a asuntos que se pretendía mantener en la opacidad.