En el campo de la economía existen magníficas reflexiones acerca de la importancia que el debate y la discusión pública tienen para la buena salud de una democracia. Este argumento tiene brillantes expositores a lo largo de la historia de esta ciencia, como John Stuart Mill, John Maynard Keynes y Amartya Sen.
Sen, laureado con el Nobel de Economía en 1998, ha dedicado buena parte de sus monumentales investigaciones a demostrar la centralidad del papel que juega la discusión abierta sobre los asuntos públicos en la elección social, capaz, según defiende, de evitar catástrofes como las hambrunas.
Es evidente que el reconocimiento legal de la libertad de expresión como derecho inalienable y de la democracia como forma de gobierno es indispensable para cualquier debate abierto, pero no basta su verificación en las leyes; la calidad de la democracia y la amplitud de la libertad de expresión deben verificarse en los procesos de toma de decisión sobre los asuntos públicos.
Un gobierno popular que pretende defender la democracia de la insidiosa injerencia de los oligarcas ubicando la matriz de su toma de decisiones en la voluntad de la mayoría debe asumir la tarea de promover de forma masiva las discusiones abiertas en torno a los asuntos públicos, así como la de equilibrar los flujos de información hacia la sociedad para elevar la calidad de los debates.
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Lo anterior no se logra a través de la difusión de panfletos ideológicos o consignas polarizantes, ni de una intervención gubernamental en los medios de comunicación públicos o privados, sino abriendo y legitimando nuevos espacios y dinámicas de comunicación que den voz a la mayoría, cuya permanencia dependa directamente de la sensibilidad con la que perciben y acompañan el cambio social, así como de su fidelidad a los intereses de la mayoría.
También resulta indispensable para la calidad de los debates que las reflexiones, argumentos y compromisos asumidos por cada ciudadano se reconozca influyente en la realidad colectiva, ya sea en lo inmediato porque se recogen en la arena del debate para ser analizados y contestados, o en el mediano plazo al convertirse en política pública.
Asimismo, cuando se persigue materializar una sociedad informada, participativa y debatiente, es necesario elevar la dignidad individual al mismo rango de importancia que la libertad de expresión y la democracia. Un ser humano que percibe fortalecida su dignidad tiene más probabilidades de hacer la inversión de energía emotiva e intelectual necesaria para plantearse el mundo en relación con sus necesidades y las de los demás, y de argumentar su visión de la realidad.
La dignidad, sin embargo, es una condición dialéctica que no depende únicamente de lo que el individuo considera de sí mismo, sino también de lo que los demás, es decir, la sociedad en la que está inmerso, considera de él o ella.
En un país diverso como México es necesario aligerar el concepto de la dignidad de cargas superfluas relacionadas con vicios clasistas y racistas. Porque sí, aunque los públicos reaccionarios acusen esta discusión de “pura moda” o “achaque victimista”, una mirada sensata a la realidad de nuestro país deja en claro que también ante el objetivo de favorecer los debates abiertos sobre los asuntos públicos es pertinente incorporar el clasismo y el racismo como categorías de análisis para prever y evitar los sesgos que generan.
En la consecución de este objetivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza una labor ejemplar a través de su estrategia de comunicación al insistir en contrastar visiones del mundo, una estrategia efectiva para avivar los debates en torno a los asuntos públicos, que equivocada o cínicamente los líderes de opinión conservadores acusan de polarizante.
La polarización no permite puntos medios ni reconciliaciones, divide a la sociedad y la detiene en un peligroso estancamiento. Por otro lado, visibilizar una y otra vez los contrastes constituye una invitación permanente a reubicar moral y políticamente nuestra existencia, pero no en un simple punto medio entre los planteamientos de izquierda o de derecha, sino en un espacio armónico que sólo puede surgir cuando se aclaran las intenciones de los participantes en el debate sobre lo público, como la jerarquía de sus compromisos y objetivos, una dinámica incompatible con la máxima del consenso político elitista que asegura que “por una u otra vía todos buscan el bien, o todos quieren los mismo”.
Cuando el presidente decide ponerse del lado de los pobres, acaso y acertadamente con más dramatismo (que no realidad) en el discurso que en las acciones de su gobierno, lo que hace es dotar de pertinencia al autorreconocimiento de los pobres como sujetos en pobreza, una categoría política dialéctica y estructural, que no puede reducirse a la de víctima.
Tomando en cuenta que más del 40% de los mexicanos viven en pobreza, no es viable un debate abierto sobre los asuntos públicos si antes no se garantiza que esos 55 millones de mexicanos argumenten desde una comprensión holística de su condición de pobres. De tal manera que dotar a los pobres de herramientas para comprender su propia pobreza no es incitar el revanchismo hostil ni promover la apoteosis del oprimido, sino abrir los oídos de la sociedad a los argumentos de quienes viven en pobreza, escapando a la tentación de argumentar por ellos.
Si, como han demostrado algunos de los economistas más reconocidos, las democracias ganan calidad cuando la voluntad de los gobernados se expresa en el día a día a través de constantes debates y discusiones sobre lo público, y no sólo cada tres o seis años mediante el voto, cabe reconocer que la estrategia de comunicación del Presidente de México está favoreciendo una madurez política sin precedentes en la sociedad mexicana.
Y la madurez política supone una mayor capacidad para tomar decisiones consensuadas y asumir las más grandes responsabilidades sociales, como hacer realidad un país más ecológico, justo y próspero.