Morena tiene en la mira al Poder Judicial. Lo van de debilitar todo lo que se puedan, hasta darle la estocada final si los votos les favorecen en el 2024. Esa es la instrucción que les dio a sus legisladores el presidente López Obrador y harán todo lo que esté en sus manos para cumplirla.
En Palacio Nacional no les gusta que les lleven la contraria, como ha ocurrido en temas como los de el Plan B sobre el INE, la integración del INAI o respecto a la adscripción y carácter civil de la Guardia Nacional.
Tampoco toleran que en los tribunales no les den la razón, como ocurrió en los temas de Tomás Zerón y de Genaro García Luna y por eso procederán a ir quitando recursos para que el sistema judicial se degrade en lo que construyen uno a su gusto. Sí, así de silvestre.
Detrás de la propuesta de cancelar 13 de los 14 fideicomisos con que cuentan los jueces, no hay racionalidad alguna ni análisis serios, se trata de dar un hachazo de 15 mil millones de pesos que terminarán en la Tesorería de la Nación sin que se especifique para qué serán utilizados. En el fondo es una venganza, una más.
El diputado Ignacio Mier afirma que de lo que se trata es de terminar con privilegios y dispendios. ¿Cuáles? Quién sabe, ya que, insisto, no hay estudios sobre lo que pretenden hacer, pero a estas alturas es evidente que no lo necesitan.
Lo que se sabe, es que los recursos que había en 109 fideicomisos que fueron cancelados al inicio de la administración, terminaron en el derroche, sin freno, de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y en el Tren Maya. Lo confesó Elena Álvarez Buylla, la directora del Conacyt, a quien no le importó que ello haya significado la cancelación de 44 instrumentos que promovían la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Aquellos fideicomisos también se cancelaron sin auditorias previas e inclusive incumpliendo acuerdos con el Banco Mundial y con diversas agencias de cooperación internacional.
El dinero del Poder Judicial no tendrá mejor suerte. Esos recursos terminarán en el barril sin fondo de los disparates, añadiendo un factor más de destrucción a las instituciones.
El momento es delicado, porque está en discusión también el Presupuesto de Egresos y no sería extraño que también precedan a recortes puntuales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lo que es seguro, es que los enfrentamientos no aminarán. No hay modo, porque lo que se pretende es otro modelo, donde los jueces estén subordinados al poder ejecutivo.
Por ello, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, está insistiendo en que requiere de una mayoría legislativa suficiente para hacer los cambios constitucionales que se requieren para elegir a ministros y magistrados por voto directo y así terminar con cualquier independencia.
Con un Poder Judicial sometido, sí podrán avanzar en agendas que tienen pendientes, como la de la militarización de la seguridad pública, pero también establecerán un ambiente jurídico por demás sombrío.
Sería un error el no percibir que el alcance de la cancelación de los fideicomisos se ajusta a esa lógica, donde se van engranado piezas y cualquier día amaneceremos con un verdadero monstruo y que nada abonará a la democracia.
Si en realidad se quisiera racionalizar el uso de los recursos, se habría entablado un diálogo entre poderes, un espacio de reflexión para mejorar institucionalmente. Pero una sospecha válida es que ni quieren, pero tampoco pueden hacerlo.
El Poder Judicial se quedará sin 13 de sus fideicomisos, ya que no hay forma de detener a Morena y a sus partidos satélite. Lo más grave, sin embargo, es que no se aquilate, en toda su dimensión, lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir.
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La solución también está en el 2024, en impedir que obtengan la mayoría que anhelan en la 4T. Sostener que las cosas serán distintas con el relevo de López Obrador es un engaño que puede resultar aún más grave que el de 2018. ¿Por qué? Porque ahora sí está en blanco y negro lo que pretenden.