La expansión de las investigaciones federales sobre presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos criminales ha puesto bajo la lupa a al menos una veintena de alcaldes y exfuncionarios en Morelos, revelando un posible nivel de infiltración del narcotráfico en estructuras de gobierno local.
De acuerdo con las indagatorias que dieron origen al denominado Operativo Enjambre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comenzó desde 2025 a monitorear a alcaldes y funcionarios municipales señalados por supuestas relaciones con organizaciones delictivas. Un año después, los elementos recabados derivaron en acciones coordinadas de fuerzas federales y militares.
La madrugada del 20 de mayo fueron detenidos funcionarios, empresarios y actores políticos vinculados con los municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Yecapixtla y Totolapan. Sin embargo, las investigaciones continúan y alcanzan a autoridades de al menos otros 14 municipios.
Entre los alcaldes bajo observación figuran ediles de Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Jonacatepec, Ayala y Axochiapan, ubicados en la zona oriente de Morelos, una región donde las autoridades identifican una disputa territorial entre el Cártel del Pacífico y células de La Unión Tepito.
Las carpetas de investigación también incluyen a presidentes municipales, exalcaldes, legisladores y otros actores políticos presuntamente relacionados con grupos como el Cártel Nueva Generación, Los Linos, La Federación Morelense y La Familia Michoacana. Entre los municipios señalados aparecen Tlalquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Amacuzac, Tetecala, Huitzilac, Jiutepec y Emiliano Zapata.
El avance de las pesquisas ha generado preocupación entre algunos alcaldes. El presidente municipal de Jonacatepec, Israel Andrade, promovió un amparo al advertir un riesgo inminente de detención, aunque la solicitud fue rechazada por la autoridad judicial.
Mientras tanto, varios ediles han optado por deslindarse públicamente de cualquier vínculo con la delincuencia organizada y respaldar las investigaciones federales. Algunos afirmaron estar dispuestos a ser investigados, mientras otros evitaron pronunciarse sobre el operativo.
Más allá de las detenciones realizadas hasta ahora, el caso expone la fragilidad de los controles institucionales en diversos municipios de Morelos y reaviva los cuestionamientos sobre el grado de penetración del crimen organizado en la vida política local.
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La magnitud de las investigaciones sugiere que el Operativo Enjambre podría apenas representar el inicio de una ofensiva federal contra redes de protección política vinculadas a grupos criminales en la entidad.