La confirmación de una ficha roja de la Interpol contra el gobernador con licencia de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses marca uno de los episodios más delicados para el sistema político mexicano en los últimos años.
Lo que durante meses fue señalado como una presunta infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder local, hoy escaló a un conflicto diplomático y judicial de alcance internacional, mientras el gobierno federal intenta deslindarse de responsabilidades directas.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmó que la Organización Internacional de Policía Criminal (ICPC) activó una ficha roja derivada de órdenes de captura emitidas por fiscales de Nueva York contra Rocha Moya y otros siete funcionarios vinculados presuntamente con organizaciones del narcotráfico, particularmente con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
La medida implica que cualquiera de los acusados podría ser detenido en más de 190 países si abandona territorio mexicano. La gravedad del caso no solo exhibe la dimensión internacional de las investigaciones estadounidenses, sino también el deterioro institucional en Sinaloa, donde desde hace semanas persiste un vacío de autoridad tras la desaparición pública del mandatario estatal con licencia.
Desde hace 20 días se desconoce el paradero de Rubén Rocha Moya. El silencio institucional alrededor de su ubicación ha provocado cuestionamientos sobre una posible protección política o una estrategia deliberada para evitar su captura inmediata. Pese a ello, la presidenta sostuvo que el gobierno federal no tiene obligación legal de vigilar a los señalados mientras la Fiscalía desarrolla las investigaciones correspondientes.
Las declaraciones de Sheinbaum dejaron más dudas que certezas. Aunque insistió en que corresponde únicamente a la Fiscalía conducir las indagatorias, evitó profundizar sobre el alcance político del escándalo o sobre los mecanismos de control que fallaron para que funcionarios de alto nivel fueran señalados por autoridades extranjeras por presuntos nexos criminales.
El caso golpea directamente la narrativa oficial de combate a la corrupción y separación entre poder político y crimen organizado. La emisión de fichas rojas contra funcionarios en funciones o recién separados de sus cargos representa un hecho sin precedentes recientes y coloca a México bajo presión internacional en materia de seguridad y gobernabilidad.
Además de Rocha Moya, las investigaciones ya tuvieron consecuencias concretas. Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega se encuentran actualmente bajo custodia de autoridades estadounidenses, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre redes de protección institucional al narcotráfico.
La crisis también exhibe la creciente intervención de Estados Unidos en asuntos vinculados con el combate a los cárteles mexicanos. Mientras las autoridades estadounidenses aceleran procesos judiciales y órdenes de captura internacionales, el gobierno mexicano enfrenta críticas por la aparente lentitud y cautela política frente a acusaciones que involucran a personajes cercanos al poder regional.
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En medio de la incertidumbre, Sinaloa permanece atrapado entre la violencia criminal, el vacío político y una crisis de credibilidad institucional que amenaza con extenderse mucho más allá de las fronteras del estado.