El Gobierno de México anunció la puesta en marcha de cuatro acciones legales para exigir justicia por la muerte de ciudadanos mexicanos ocurridas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La estrategia busca que las autoridades estadounidenses investiguen los casos y se deslinden responsabilidades.
Durante la conferencia matutina, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que las medidas incluyen la presentación de denuncias penales ante fiscalías estatales de Estados Unidos, demandas civiles contra empresas privadas encargadas de operar centros de detención migratoria, el envío de cartas de preservación de evidencia a dichos centros y una comunicación formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para solicitar el seguimiento internacional de los casos.
A un año y nueve meses del inicio de nuestro gobierno, los homicidios dolosos disminuyeron 48 por ciento; es decir, 41 casos menos cada día. https://t.co/co5GBgeh63
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 14, 2026
La Cancillería explicó que estas acciones responden al fallecimiento de al menos 17 mexicanos desde el inicio de la actual administración estadounidense. 14 murieron mientras permanecían bajo custodia de ICE y tres más durante operativos migratorios.
Entre los casos más recientes se encuentra el de Lorenzo Salgado Araujo, quien perdió la vida durante un operativo en Houston, Texas, hecho que reforzó la decisión del Gobierno mexicano de recurrir a la vía legal.
Asimismo, la SRE señaló que la red consular mantiene contacto permanente con las familias de las víctimas y continuará brindando acompañamiento jurídico y asistencia consular durante el desarrollo de los procesos.
El objetivo es garantizar que cada caso sea investigado con apego al debido proceso y que exista rendición de cuentas por posibles violaciones a los derechos humanos.
Las acciones representan un cambio en la estrategia del Gobierno mexicano, que pasa de la vía diplomática a una ofensiva jurídica para buscar responsabilidades en tribunales estadounidenses e instancias internacionales.
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La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por las condiciones en centros de detención migratoria y por el aumento de fallecimientos de personas migrantes bajo custodia de autoridades estadounidenses.