El asesinato del alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, dio un giro luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que el edil mantenía presuntos vínculos con las organizaciones criminales «Los Aparicio» y «Los Huazulcos», dedicadas a secuestro, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidios en la región oriente del estado.
Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, el funcionario federal afirmó que la principal línea de investigación apunta a una disputa entre la célula criminal con la que presuntamente estaba relacionado el presidente municipal y un grupo rival.
🚨 INVESTIGABAN A ALCALDE DE TEMOAC POR PRESUNTOS VÍNCULOS DELICTIVOS
Tras el homicidio de Valentín Lavín Romero, Omar García Harfuch informó que el edil y su familia eran investigados por presuntos nexos con Los Aparicio y Los Huazulcos, grupos relacionados con secuestro,… pic.twitter.com/zuw8PzivYs— Código MX (@CdigoMXdigital) July 24, 2026
Lavín Romero fue asesinado el miércoles cuando un comando armado irrumpió en la Presidencia Municipal de Temoac y le disparó dentro de sus oficinas, en un ataque que exhibió la vulnerabilidad institucional y la creciente infiltración del crimen organizado en gobiernos locales.
Harfuch recordó que Andrea Angelina «N», alias «La Patrona», suegra del alcalde y ex tesorera municipal, fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025. Según la Fiscalía General del Estado, era identificada como una de las principales operadoras de «Los Aparicio», organización que mantiene disputas con otros grupos delictivos por el control de actividades ilícitas en el oriente de Morelos.
El titular de la SSPC agregó que el suegro del edil también fue detenido, aunque evitó precisar los delitos que se le imputan o su situación jurídica.
Las investigaciones contra Lavín Romero no se limitaban a sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. Harfuch informó que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala presentó una denuncia el pasado 30 de marzo para que fuera investigado como presunto autor intelectual de los homicidios de dos personas.
Entre los casos destaca el asesinato de Félix Oviel Ocampo Sandoval, quien previamente había denunciado amenazas atribuidas a familiares del alcalde y cuyo cuerpo fue localizado el 30 de enero en el municipio de Jonacatepec. El secretario indicó que este homicidio forma parte de las indagatorias abiertas contra el entonces presidente municipal.
Asimismo, reveló que en mayo el Gabinete de Seguridad recibió nuevas denuncias contra Lavín Romero, aunque no detalló su contenido ni la identidad de los denunciantes.
La violencia alrededor del alcalde ya había escalado desde principios de año. El 31 de enero, un día después del hallazgo del cuerpo de Ocampo Sandoval, Lavín Romero y su esposa fueron atacados a balazos cuando circulaban por el municipio de Jantetelco, agresión en la que el edil resultó herido y posteriormente solicitó licencia temporal para recuperarse.
Posteriormente, el 2 de mayo, apareció una narcomanta en el centro de Temoac en la que un grupo criminal lo acusaba de proteger a una organización rival y lanzaba amenazas directas en su contra, un episodio que anticipaba el deterioro de la disputa entre organizaciones delictivas en la zona.
Harfuch también confirmó que varias de las personas detenidas durante el Operativo Enjambre en Morelos mantienen vínculos con las mismas estructuras criminales que operan en el oriente del estado, lo que refuerza la hipótesis de una red de complicidades entre grupos delictivos y autoridades municipales.
Tras el homicidio, la Fiscalía de Morelos aseguró las oficinas de la Presidencia Municipal para preservar evidencias, mientras autoridades federales y estatales desarrollan labores de inteligencia para identificar y capturar a los responsables.
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Las revelaciones del Gobierno federal colocan el caso como uno de los episodios más graves de presunta infiltración del crimen organizado en un gobierno municipal de Morelos y profundizan los cuestionamientos sobre los mecanismos de control y vigilancia para impedir que grupos criminales penetren las administraciones locales.
