Resulta que es fácil: cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador, sus reformas y logros serán desmontados y sus campos sembrados con sal. Gabriel Quadri, diputado federal por el PAN, quien ha manifestado su interés por competir en las elecciones presidenciales en 2024, ha dicho que, de ganar, venderá como chatarra la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.
Obrador ha advertido que su preocupación, en el caso de su polémico decreto de que la Guardia Nacional pase a formar parte de Sedena (Secretaría de Defensa Nacional), es que ésta sea parte de Gobernación, de Seguridad Pública, donde “todo eran contratos y negocios”, señaló Obrador en su mañanera del 8 de agosto.
En su opinión, ante la huelga de la oposición, “que todo lo rechaza”, el objetivo es aprovechar la mayoría de votos que tiene Morena en la Cámara y en el Senado, ya que con eso se pueden modificar leyes, sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Al no apoyarse la reforma constitucional, se aprueba lo que está en manos de su partido aprobar, esto es, la reforma de ley.
Señaló que en caso de que la iniciativa fuera rechazada por el Poder Legislativo, implementaría su propuesta por medio de un decreto presidencial, al cual sus opositores ya llaman “decretazo”. “Tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar, porque tengo problemas que resolver. Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada”.
La oposición ha recalcado que eso no es posible, porque en el Decreto de Creación de la Guardia Nacional, se estipula que ésta es una institución de seguridad pública de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como se hace constar además en el artículo 21 de la Constitución Política, donde se establece que será de carácter civil y no militar.
El inconveniente es que dicho argumento es utilizado por el grupo de opositores a la presente administración, para abonar a un discurso que mantienen desde que Obrador se postulaba a la Presidencia en 2006: que al llegar se convertiría en un dictador bolivariano, que militarizaría el país financiado por el dinero de Moscú, sólo para motivar una intervención militar de Estados Unidos.
La realidad es que, en el fondo, la propuesta del presidente sí es muy polémica, pues por su propia razón de ser, las fuerzas armadas sirven al gobierno en turno. De hecho, todavía se pueden encontrar las declaraciones del Ejército y Marina defendiendo la guerra contra el narco de Felipe Calderón. El ejército obedece a su comandante en jefe que, de acuerdo al marco legal mexicano, es el propio presidente.
¿Pero qué ocurriría si un presidente nada “humanista” llega al poder? Pues que tendría exactamente el mismo poder de mando sobre esa institución y crea un riesgo de ser utilizado contra la población civil. Obrador argumenta que el ejército mexicano es “pueblo uniformado” y para respaldarse muestra los altos índices de aceptación popular y de confianza de la población de esas organizaciones.
Pero en realidad, es una confianza más bien cándida el que otorgarle cada vez más poder a los organismos militares no tendrá consecuencias adversas. Y el mayor ejemplo que encuentra el presidente para justificarse es decir que, por su origen, el ejército mexicano no es como los que dan golpes de Estado en Sudamérica. Pero ese “blindaje” parece más bien fundado en buenos deseos.
En lugar de ello, el objetivo de Obrador es evitar la privatización potencial de su legado, y lo hace utilizando a su, a estas alturas, comodín, y que el Ejército controle las ganancias de sus obras estratégicas: Aeropuerto Felipe Ángeles y Tren Maya, y que con ello se financien las pensiones de los militares. Una postura diametralmente opuesta a la que sostenía López Obrador como candidato.
El ejército, ¿a los cuarteles?
Obrador tenía un plan muy distinto para el ejército: quería devolverlo a los cuarteles, pero al llegar a la presidencia en 2018, se dio cuenta que las instituciones de seguridad estaban infiltradas hasta la médula. De hecho, múltiples documentos y crónicas muestran que en la elección de los hoy titulares del Ejército y Marina, Obrador seleccionó a elementos que distaban de los propuestos por la institución.
Analistas han señalado que tener al ejército de su lado ha evitado un golpe blando contra la administración actual y que López Obrador se dio cuenta que tener en contra a las fuerzas armadas era una receta para el desastre de su gobierno. El problema radica ahora en que las fuerzas armadas, que no son ajenas al dinero fácil y la corrupción, como ha sido demostrado, cada vez tienen más influencia.
Obrador les encargó a los ingenieros militares la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, misma que concluyeron en tiempo récord y apenas terminaron, destinó varios equipos de ingenieros para reforzar los trabajos de los tramos comprometidos del Tren Maya. Además de las labores del ejército que consisten en poner en funcionamiento el Plan DN III.
El argumento de muchos críticos es que esto de facto ya es un proceso de militarización de las funciones que antes estaban reservadas a las esferas civiles. Pero el hecho demostrado es que las instituciones civiles no han podido evitar corromperse a grado tal de formar narco gobiernos impenetrables y es parte del diagnóstico que recibió el presidente al inicio de su sexenio.
Durante toda su administración, Obrador ha arremetido contra las “organizaciones de la sociedad civil” y organismos autónomos que no han resultado más que ser instituciones herméticas, creadoras de burocracias inútiles y en ocasiones favorecedoras de intereses privados sobre el bien común. En otros casos, lucrativos negocios de funcionarios de pasadas administraciones.
Ante la disyuntiva de optar por esos cuerpos infiltrados por la delincuencia organizada, como las policías estatales, el presidente optó por un cuerpo castrense, la Guardia Nacional, como una medida temporal, en eso que se profesionaliza un cuerpo civil. Pero eso mismo parece ya no estar en los planes de la 4T, que no ha hecho nada por crear esas deseables fuerzas civiles de seguridad pública.
¿Golpe de drama?
Esa parece ser la razón de llamar la atención por medio del polémico decreto en que pretende dejar la administración de la Guardia Nacional en manos de la Sedena, pero a sabiendas que no tiene los votos necesarios para convertirla en constitucional y seguir en el empeño, responde más a olfato y manejo político que al final abona a su proyecto y refuerza su narrativa ante sus electores.
Horas después de proponerlo, un gran número de analistas, algunos incluso no opositores, calificaron la propuesta como anticonstitucional y las fuerzas políticas, unidas en la coalición Va por México, calificaron la medida como propia de un “simulacro de dictador”, que militariza el país y pretende perpetuarse en el poder a como dé lugar. Así, anunciaron que van a llevar el caso a la Suprema Corte.
Parece que no conocen al Andrés Manuel jugador de béisbol. Ante la llamada “moratoria constitucional” que mantiene la coalición encabezada por el magnate Claudio X. González, el mandatario no puede hacer uso de la facultad de proponer Reformas, pero desde que Va Por México bloqueó su iniciativa de Reforma Energética en abril, AMLO anunció que el proceso se realizaría de todas formas.
Es a todas luces un golpe de drama, pues aún el decreto referente a la Guardia Nacional no tiene la capacidad de estar por encima del Artículo 21 Constitucional, el dirigente lo sabe, pero eso no tiene nada que ver con que el presidente no quiera herir de muerte políticamente a sus rivales, lo cual ya está ocurriendo, teniendo en cuenta los márgenes de aceptación popular de la institución castrense.
La encuesta de aceptación de Va por México, luego del rechazo tajante que hizo esa coalición, de convertir en constitucional los postulados de su Reforma Energética, muestra un visible “voto de castigo” a la decisión de esas fuerzas políticas de privilegiar los derechos de privados sobre el interés público. Así, la narrativa establecida por Obrador cada mañana es utilizada para desahuciar a su oposición.
La forma como el tema se convirtió en el más importante de la agenda nacional, debe dar una idea del uso de los simbolismos histórico-sociales que efectúa AMLO con su oratoria particular. “Me acusan de autoritario, de dictador, de tirano, de todo”, señaló con sorna en su conferencia del 10 de agosto. Pero no hace más que abonar y reafirmar el discurso que lo mantiene por encima del 60 % de aceptación.
Al momento también llama la atención que la “moratoria constitucional” de sus adversarios políticos, ha motivado todo. Porque en esencia, el presidente había anunciado desde el inicio de 2022 que su objetivo era lograr tres Reformas: la Energética (la cual fue rechazada), la presente, de la Guardia Nacional, y la Electoral, la cual también ya la oposición dice que rechazará, sin siquiera verla.
También lee: Morena aceita su maquinaria para 2023 y 2024
El hecho de que López Obrador efectúe todo el protocolo (con apego al marco legal) de mandar su propuesta de reforma constitucional, aún a sabiendas que no tiene los diputados necesarios para llevarlas a efecto, sólo le da más relevancia a su discurso, de que sus opositores lo único que quieren es detenerlo a como dé lugar y sirven a intereses de particulares opuestos a México.
Lo cual, si bien no tendrá un efecto práctico que se vea reflejado en la Carta Magna, sí los dinamita irremediablemente. Del otro lado está el argumento del mandatario de dejar blindado lo más posible los logros de su gobierno: “para que si llegan a regresar los conservadores corruptos, toco madera, les sea más difícil, les cueste. No es imposible, pero sí, que no lo tengan tan fácil”, ha repetido AMLO.
LA GN, ¿con perfil humanista? El mismo presidente lo ha dicho: sin abatir los índices de inseguridad, no habrá 4T. Con la idea de depurar la seguridad pública del país, en marzo de 2019 nació la Guardia Nacional (en sustitución de la Policía Federal), un organismo con mando civil que actúa bajo cuatro principios esenciales: respeto a los derechos humanos, apego a la ley, perspectiva de género y ética. Era indispensable cambiar la perspectiva militar por una humanista, luego de que la fallida guerra contra el narcotráfico, impulsada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, dejara entre 2006 y 2018 más de 300 mil personas asesinadas y alrededor de 70 mil desaparecidas. Una fallida guerra donde la seguridad pública actuaba en plena complicidad con el crimen organizado. El cambio de paradigma vino con la Guardia Nacional, una “institución del pueblo y para el pueblo”, tal y como la ha calificado López Obrador. Está integrada por alrededor de 50 mil elementos civiles (hombres y mujeres), que han sido reclutados en todo el país y capacitados para realizar sus labores a favor de la paz y la seguridad de la población. También la conforman miembros de las policías Federal, Militar y Naval, quienes realizan, bajo fiscalización y de manera excepcional (el plan era sólo por cinco años), tareas de seguridad pública. Bajo esta perspectiva social, colaboran además en la construcción de las grandes obras del sexenio y con las labores que se realizan por la pandemia de Covid-19, por mencionar sólo dos casos. Con el objetivo de que la GN tenga presencia en todo el territorio nacional, incluyendo los pueblos más alejados, el gobierno construye 500 cuarteles, de los cuales ya se entregaron 240. Para darle certeza operativa y administrativa a la Guardia Nacional, López Obrador ha propuesto que pase a formar parte de la Sedena, un punto que ha suscitado las recientes polémicas.
A FAVOR
1.-Según AMLO, al pasar la GN a la Sedena, su sometimiento al fuero militar impediría la corrupción como previas fuerzas de seguridad civil.
2.-Al darle un carácter similar al de la Defensa y la Fuerza Aérea, Obrador pretende evitar que se convierta en otra Policía Federal Preventiva.
3.-Obrador le da un blindaje a una institución que él propuso y, asegura, es uno de los fundamentos de su 4T.
EN CONTRA:
1.-Militarización de la Seguridad Pública, que entraña un hecho peligroso para cualquier gobierno democrático.
2.-Un gobierno posterior podría utilizar a la Guardia Nacional para atacar a la ciudadanía.
3.-Según informe de CNDH, la GN fue el cuerpo de seguridad con más denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos en 2021.
CIFRAS
400 mil
elementos tienen el Ejército y la Marina.
40 mil
miembros de Policía Federal, 20 mil administrativos y 20 mil operativos, previo a 2018.
110 mil
elementos de guardia nacional.