La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció una disculpa pública a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas luego de la polémica generada por sus declaraciones sobre investigar el origen de los recursos utilizados por familias de Jalisco para trasladarse a la Ciudad de México y participar en manifestaciones.
La rectificación ocurrió durante una mesa de diálogo con 56 colectivos en Tabasco, donde la funcionaria aseguró que nunca fue su intención ofender a las víctimas ni criminalizar su labor.
❗️La secretaria @SEGOB_mx @rosaicela_ PIDIÓ DISCULPAS por aquello de investigar a Colectivos que viajaban de Jalisco a CDMX: «si ofendí a alguien, disculpas sinceras».
Se justificó diciendo que es «un tema ➗ gobiernos», debido a que un funcionario local ofreció apoyo.
Ahoc.🙄 pic.twitter.com/XGNGkmre1W
— Elia AlmanzaA 💜💚💗 (@EliaAlmanzaA) July 3, 2026
Sin embargo, la disculpa llega después de que las declaraciones del Gobierno federal fueran interpretadas por diversos colectivos como un intento de poner bajo sospecha a quienes, durante años, han realizado el trabajo de búsqueda que las propias autoridades no han podido resolver.
La propuesta de investigar los apoyos para sus traslados fue vista como una medida que desviaba la atención del problema central: la crisis de desapariciones que continúa afectando a miles de familias en México.
Durante el encuentro, Rosa Icela Rodríguez sostuvo que la información surgió porque presuntamente un funcionario de Jalisco habría ofrecido apoyo para el traslado de algunos colectivos y reiteró que su comentario estaba dirigido a esclarecer esa situación, no a desacreditar a las familias.
«Si ofendí a alguien, ofrezco disculpas sinceras», expresó la titular de Gobernación, quien además reconoció que el Estado mantiene una deuda histórica en materia de búsqueda, identificación de personas y combate a la impunidad.
No obstante, para numerosos colectivos las disculpas representan apenas un primer paso. Organizaciones de familiares han señalado en diversas ocasiones que el principal reclamo hacia las autoridades no son únicamente las declaraciones desafortunadas, sino la falta de resultados concretos frente a un problema que sigue creciendo.
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Las familias continúan denunciando insuficiencia de recursos, investigaciones lentas y una coordinación institucional que, en muchos casos, las obliga a realizar por cuenta propia labores de búsqueda en fosas clandestinas y otros puntos del país.