La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) marcó distancia este lunes de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, luego de que éste se entregó a la justicia de Estados Unidos tras ser señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Durante la conferencia matutina, el titular de la dependencia, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que el caso no compete al Ejército y recalcó que es un asunto que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República y a autoridades estadounidenses.
El mando militar sostuvo que Mérida Sánchez se retiró de las Fuerzas Armadas en 2022 y que desde entonces no mantiene relación laboral con la institución, salvo los trámites administrativos relacionados con prestaciones y servicios médicos.
El deslinde ocurre en medio de cuestionamientos sobre cómo un mando militar retirado terminó encabezando la estrategia de seguridad en Sinaloa, uno de los estados más golpeados por la violencia del crimen organizado. Trevilla rechazó que la Defensa haya sido responsable de su designación y calificó como “una mala interpretación” los señalamientos de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla.
Explicó que los gobiernos estatales son autónomos y únicamente pueden solicitar referencias sobre la trayectoria profesional de elementos castrenses, pero la decisión final recae en las autoridades locales.
La postura de la Defensa abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre los filtros y mecanismos de evaluación para ex mandos militares que pasan a ocupar cargos clave en seguridad pública, especialmente en entidades con fuerte presencia del narcotráfico.
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En otro tema, Trevilla informó que la Defensa mantiene coordinación y atención con la diputada priista Paola Gárate Valenzuela, luego de que fue intimidada con una corona fúnebre colocada en su domicilio. Aunque se le recomendó presentar una denuncia formal, hasta ahora no lo ha hecho.
