El hallazgo de 18.4 millones de piezas de medicamentos e insumos médicos caducados en el Hospital Infantil de México «Federico Gómez«, con un valor superior a 121 millones de pesos, abrió una nueva interrogante sobre el manejo de los recursos públicos en el sistema nacional de salud: ¿quién responderá por un desperdicio que coexistió con años de desabasto en hospitales públicos?
La Secretaría de Salud informó que ya inició una investigación para determinar responsabilidades; sin embargo, el caso trasciende la pérdida económica. Cada medicamento vencido representa un tratamiento que nunca llegó a un paciente, una consulta que pudo resolverse oportunamente o una familia que debió comprar por cuenta propia un fármaco que el Estado tenía la obligación de suministrar.
El contraste resulta difícil de ignorar. Durante los últimos años, pacientes de instituciones como el IMSS, ISSSTE y hospitales de alta especialidad han denunciado de manera recurrente la falta de medicamentos, retrasos en cirugías, escasez de material de curación y carencias de insumos básicos. Mientras tanto, millones de piezas permanecieron almacenadas hasta perder su utilidad.
🚨💊 ¡Hallazgo millonario en Salud!
El secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó la localización de 18 millones de medicamentos vencidos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.
Los insumos permanecieron acumulados durante varios años y ya se inició una… pic.twitter.com/mfMKNQbHkQ
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 30, 2026
La pregunta central no es únicamente por qué los medicamentos caducaron, sino cómo un volumen de esa magnitud permaneció sin ser distribuido ni detectado durante tanto tiempo. La respuesta implica revisar toda la cadena de decisiones: desde la planeación de compras y el almacenamiento hasta los mecanismos de control, distribución y supervisión.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos tienen la obligación de administrar con eficiencia, eficacia, economía y transparencia los recursos públicos. En consecuencia, la investigación deberá determinar si existieron omisiones, negligencia administrativa o incluso posibles actos de corrupción que expliquen por qué millones de medicamentos terminaron como desperdicio mientras hospitales reportaban carencias.
El caso tampoco parece aislado. En semanas recientes, autoridades federales informaron sobre la inhabilitación y posterior vinculación a proceso del exdirector del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE por presuntas irregularidades en contratos relacionados con servicios médicos y material de curación. Asimismo, el laboratorio estatal Birmex ha sido objeto de observaciones y revisiones derivadas de inconsistencias en procesos de adquisición y distribución de medicamentos, en un contexto donde el Gobierno federal ha reconocido fallas en el sistema de compras consolidadas.
Las deficiencias también se reflejan en materia de transparencia. El Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2026, elaborado por Aregional, advierte que 28 de las 32 entidades del país presentan niveles deficientes de transparencia en el manejo de los recursos destinados al sector salud, mientras únicamente cuatro alcanzan una evaluación considerada satisfactoria. El diagnóstico evidencia que la falta de controles y rendición de cuentas continúa siendo un problema estructural.
Aunque la Secretaría de Salud aseguró que se identificarán a los responsables del almacenamiento de los medicamentos vencidos, persisten cuestionamientos que difícilmente pueden responderse con una sola investigación administrativa. ¿Quién autorizó la adquisición de ese volumen de insumos? ¿Existían reportes internos sobre el riesgo de caducidad? ¿Por qué los sistemas de inventario y control no activaron mecanismos para redistribuir los medicamentos antes de que expiraran? ¿Quién supervisó esos almacenes durante años?
Nota relacionada: Gilda Lozoya queda en libertad provisional; el martes definirán su situación jurídica
El desperdicio de más de 18 millones de piezas no sólo representa un quebranto patrimonial superior a los 121 millones de pesos; exhibe las consecuencias de una administración deficiente en un sector donde cada insumo puede marcar la diferencia entre recibir o no un tratamiento oportuno.