La Cámara de Diputados aprobó, con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, una legislación que endurece las penas y establece que este delito será perseguido en las 32 entidades del país.
#ÚLTIMAHORA | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. pic.twitter.com/vp7QwYLmzT
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 26, 2025
Los cambios a parte de incrementan las penas por los delitos de extorsión, también revierten la reserva presentada de último momento por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, para reducir la pena para las autoridades que no denuncien el delito de extorsión, con lo que el proyecto regresó a su redacción original, que establece una pena de entre 10 y 20 años de cárcel.
La ley contempla para el delito de extorsión la pena que va entre 15 y 25 años y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA y de 19 a 33 años cuando este ilícito se cometa contra comerciantes, empresarios, industriales, agricultores, ganaderos, pesqueros o quien preste servicios públicos y privados.
Asimismo, como cuando un sindicato, agrupación o asociación coaccione a una persona para que adquiera de otra insumos o servicios o cuando se comete en contra de un candidato o una persona electa.
Cuando se cometa contra personas migrantes, menores de 18 años, mujeres embarazadas, mayores de 60 años, el sujeto activo tenga una relación de confianza, laboral, parentesco o negocios, se use información privada de la víctima o de sus familiares o medios de transmisión de imágenes, voz y datos, la pena aumentará de 20 a 37 años.
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Además, indica que la pena pasaría de 22 a 42 años de prisión cuando se emplee violencia física, en casos de montachoques, cuando intervenga una o más personas armadas y se tenga por objeto anular o impedir el derecho a la libertad de expresión o cuando se cometa por servidores públicos de cualquier nivel de Gobierno o por miembros de empresa de seguridad privada.
