La propuesta de lineamientos sobre derechos de las audiencias y códigos de ética para radio y televisión, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), abrió un nuevo frente de debate sobre los límites entre la protección de las audiencias y la libertad de expresión. Mientras Artículo 19 advierte que el proyecto podría propiciar autocensura y otorgar al gobierno facultades para sancionar contenidos periodísticos con criterios ambiguos, especialistas en derecho a la información sostienen que la regulación únicamente desarrolla obligaciones ya previstas en la legislación vigente y no constituye un mecanismo de censura.
El director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, afirmó que el proyecto incorpora conceptos como «información objetiva», «información veraz» o la obligación de distinguir claramente entre información y opinión, criterios que, a su juicio, carecen de precisión jurídica y podrían ser utilizados para imponer sanciones adicionales a concesionarios de radio y televisión.
En entrevista el defensor de la libertad de expresión advirtió que el mayor riesgo no radica únicamente en la aplicación de multas, sino en el efecto inhibitorio que podrían generar. Recordó que las sanciones previstas alcanzan hasta el uno por ciento de los ingresos anuales acumulables de las empresas concesionarias, un monto que, dijo, podría incentivar la autocensura incluso antes de que exista una resolución administrativa.
🚨”Los derechos de las audiencias no son para castigar ni perseguir”: Leopoldo Maldonado (@PoloMaldonadoG), director de @article19mxca, advierte sobre los lineamientos presentados por Luisa María Alcalde esta mañana.
Destaca que no hay condiciones de independencia ni… pic.twitter.com/Zj56XnOaOv
— Azucena Uresti (@azucenau) July 28, 2026
Maldonado consideró especialmente delicado que sea una autoridad gubernamental la que determine si un contenido periodístico resulta verdadero, objetivo o suficientemente fundamentado, al advertir que ello podría afectar investigaciones periodísticas, trabajos de opinión y la crítica a asuntos de interés público.
Aunque reconoció que la propuesta fortalece aspectos como la accesibilidad para personas con discapacidad, el uso de lenguaje de señas y la inclusión en los medios electrónicos, sostuvo que esos avances quedan opacados por disposiciones que, desde su perspectiva, abren la puerta a una supervisión gubernamental sobre contenidos informativos.
Como alternativa, planteó fortalecer los mecanismos de autorregulación mediante códigos de ética y defensorías de las audiencias independientes, sin que el Estado asuma funciones para calificar la veracidad de los contenidos periodísticos.
Especialistas rechazan que exista censura
En contraste, el investigador y periodista Raúl Trejo Delarbre, integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), rechazó que los lineamientos constituyan un instrumento de censura.
El académico sostuvo que el proyecto sometido a consulta pública no crea nuevas obligaciones ni faculta a la autoridad para sancionar opiniones o contenidos periodísticos, sino que desarrolla disposiciones contempladas desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.
Trejo explicó que las sanciones previstas en la legislación vigente únicamente proceden cuando los concesionarios incumplen obligaciones administrativas, como carecer de un código de ética o no contar con un defensor de las audiencias, y subrayó que los lineamientos no modifican ese esquema.
No obstante, reconoció que el debate surge en un contexto de creciente confrontación entre el gobierno federal y diversos medios de comunicación, lo que ha incrementado la preocupación de organizaciones civiles y periodistas sobre la posibilidad de que futuras interpretaciones administrativas afecten el ejercicio de la libertad de prensa.
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La discusión ocurre mientras la CRT mantiene abierta la consulta pública del proyecto, cuyo contenido aún podría ser modificado antes de su eventual aprobación. El resultado definirá el alcance de las nuevas reglas para los concesionarios de radio y televisión y reavivó el debate sobre el equilibrio entre los derechos de las audiencias y las garantías constitucionales de libertad de expresión y de prensa en México.