La Fiscalía General de la República (FGR) fortaleció la investigación del caso Agronitrogenados al señalar que Gilda Susana Lozoya Austin habría desempeñado un papel relevante en el esquema financiero presuntamente utilizado por su hermano, Emilio Lozoya Austin, para ocultar recursos vinculados con la compra de la planta de fertilizantes por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con las indagatorias, la FGR sostiene que, antes de asumir la dirección general de Pemex, Emilio Lozoya acordó con Alonso Ancira, entonces principal accionista de Altos Hornos de México (AHMSA), impulsar la adquisición de la planta de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz, a cambio de un presunto soborno de 3.5 millones de dólares.
La investigación señala que el dinero fue transferido desde una cuenta de AHMSA a una cuenta en la Unión de Bancos Suizos a nombre de Tochos Holding Limited, empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas y considerada por la Fiscalía como una sociedad fachada utilizada para ocultar el origen de los recursos.
Según la FGR, Emilio Lozoya cedió posteriormente a su hermana Gilda los derechos de disposición sobre esa cuenta para dificultar el rastreo del dinero. A partir de entonces, presuntamente se realizaron diversas transferencias hacia México, entre ellas una utilizada para pagar la residencia de Lozoya en Lomas de Bezares, inmueble que posteriormente fue asegurado mediante un procedimiento de extinción de dominio a favor del Estado.
Las autoridades sostienen que la planta de Agronitrogenados se encontraba en condiciones de deterioro al momento de la compra y que Pemex la adquirió por un monto superior a su valor real, lo que habría ocasionado un daño millonario al erario. La Fiscalía considera que la operación encubría el pago de favores derivados del supuesto acuerdo entre Lozoya y Ancira.
Como parte del caso, la FGR recordó que Alonso Ancira firmó un acuerdo reparatorio para resarcir el daño patrimonial causado a Pemex mediante pagos en parcialidades; sin embargo, únicamente cubrió dos de las tres previstas. De incumplirse definitivamente ese convenio, las autoridades podrían solicitar nuevamente su reaprehensión.
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Las nuevas imputaciones contra Gilda Lozoya amplían el alcance de una de las investigaciones emblemáticas por presunta corrupción durante la administración pasada, mientras el proceso judicial continúa sin una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.