Alcaldes morenistas, Juan Carlos Atecas Altamirano de Salina Cruz; Antonio Morales Toledo de San Blas Atempa; Vilma Martínez Cortés de Tehuantepec; María Francisca Antonio Santiago de San Pedro Comitancillo; Uryel Bautista de Santa María Mixtequilla y Emilio Montero de Juchitán, mantienen tres bloqueos carreteros; impidiendo el paso hacia el estado de Chiapas, Veracruz y la ciudad de Oaxaca, sin considerar que están cometiendo un delito federal.
En la Ley de Vías Generales de Comunicación se subraya que se sancionará de hasta 9 años de prisión a quienes dañen las vías de comunicación o los medios de transporte o interrumpa de manera total o parcial el tránsito en las mismas.
En el video posicionamiento de los alcaldes morenitas está en primer lugar la exigencia de un RESCATE FINANCIERO por parte del GOBIERNO.
Si bien la figura del rescate como tal no es una obligación del gobierno federal o estatal, pues son los municipios los que con autonomía financiera deciden el uso de los recursos públicos que administran, exigen mediante un acto delictivo –cierre de vías de comunicación federal– que les resuelvan su problema financiero.
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En el colmo del cinismo de los alcaldes morenistas destacan «condiciones de gobernabilidad» que, dicen, les ha permitido «atraer inversiones» al Istmo, región cuyos accesos por carretera fueron bloqueados o cerrados constantemente a lo largo del 2020.
Unos 33 presidentes municipales exigen que les resuelvan sus problemas financieros, ya que no tienen recursos para finiquitar los aguinaldos que tienen pendientes.
Los presidentes municipales morenistas destacan que recurren al bloqueo para exigir el apoyo económico y con su demagogia de que ya son tiempos diferentes y que no gobiernan para su partido, culpan a la actual administración estatal de su problemas económicos.
Los presidentes inconformes hacen alarde de que gobiernan para cada unos de los municipios, pero, con una mala administración pues los recursos que ellos mismo solicitan no les alcanza para cubrir sus pendientes.
