Tras un largo juicio de nueve años, el Tribunal Unitario Agrario (TUA), con sede en Tuxtepec, Oaxaca, otorgó a 11 comuneros del municipio de Unión Hidalgo, la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras, con lo que operaba la empresa eólica Demex S.A de C.V.
Con esta resolución se sienta un precedente jurídico para echar abajo los contratos que se cometieron de forma irregular para instalar en los últimos años unos 27 parques eólicos.
Y de esta forma regresarle sus tierra y derechos a los comuneros de las localidades inconformes, que han exigido a través de diversas asambleas el retiro de las empresas eólicas de sus territorios.
El coordinador de Justicia Trasnacional en el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (ProDESC ), Juan Antonio López, destacó que la mayoría son de origen europeo.
Antes detalló que en la sentencia de nulidad dictada por el juez se reconocen los derechos de la asamblea general de Juchitán de Zaragoza y sus anexos en Santa Maria Xadani, Chicapa de Castro, Unión Hidalgo, la Ventosa y el Espinal; que son los únicos que tienen derecho al disfrute de sus tierras, cancelando todos los contratos de arrendamiento que suscribieron las empresas eólicas en la zona para instalar sus aerogeneradores.
El defensor y activistas Juan Antonio López, afirmó que, al deshacerse la nulidad de los contratos, se abre incluso la puerta para el inicio de procesos legales y administrativos contra notarios y funcionarios municipales; además de estatales del Registro Público de la Propiedad implicados en los excesos y abusos cometidos en contra los pueblos perjudicados.
Precisó que, con la sentencia dictada por el juzgado, ya cualquier comunero podrá valer su derecho de propiedad y ya no permitirá más la firma de contratos al margen de la ley por uso de sus tierras sin previo acuerdo de sus asambleas comunitarias.
Una vez que con el fallo emitido todas aquellas empresas de energía eólica que quieran establecerse en Oaxaca deben de hacer contratos de uso de tierra bajo los acuerdos de las asambleas comunitarias de cada localidad; y ya no con propietarios privados y posesionarios en lo individual.
Por su parte, Miguel Álvarez miembro de ProDESC, festejó el fallo dictado por la justicia en contra de los excesos cometidos por las empresas eólicas Demex, que estableció contratos de arrendamiento por uso de tierras sin respetar el marco jurídico sin garantizar el derechos de los pueblos y comunidades, que con su lucha «nos han demostrado que primero esta su dignidad, el respeto a su regionalidad, usos costumbres y respeto a la naturaleza».
COMUNEROS AFECTADOS SON AMENAZADOS
Guadalupe Ramírez Pineda defensora comunitaria en Unión Hidalgo, aceptó que por enfrentar esta lucha legal fue víctima de hostigamiento y amenazas por parte de los grupos de caciques que se han visto afectados por su lucha legal para echar abajo los contratos de arrendamiento ilegales que se establecieron para la operación de los parques eólicos.
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«En una ocasión, me quisieron bajar del carro, en el tramo Unión Hidalgo -Juchitán de Zaragoza, ahí por pocos nos matan, pero fueron amenazas fuertes, y ante ello tienen medidas de protección cautelar dictadas por organismos de derechos humanos», confió.
Afirmó que ante el juicio que se ganó, temen más por su vida, porque han afectado intereses muy fuertes.
En la denuncia pública de parte de los afectados por la firma de contratos ilegales para instalar parques eólicos de forma irregular en Oaxaca, sin respeto de los comuneros y sus derechos, se acusan a presidentes municipales de los últimos tres trienios, que según recibieron dinero por parte de las empresas eólicos para permitir su operación.