La violencia contra la prensa en México sumó un nuevo episodio con la confirmación oficial del asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del medio Pulso Informativo del Sureste, cuyos restos fueron identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz tras semanas de incertidumbre y búsqueda.
La dependencia estatal informó que los dictámenes periciales concluyeron de forma científica que los restos humanos localizados en días recientes corresponden a la comunicadora, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en su domicilio en Nanchital, al sur de Veracruz.
Con ello, la Fiscalía confirmó que Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fue víctima de homicidio, un crimen que vuelve a colocar bajo presión a las autoridades estatales y federales ante la persistente ola de agresiones contra periodistas en el país.
El caso inició cuando un grupo armado irrumpió violentamente en la vivienda de la periodista Roxana Guzmán y se la llevó por la fuerza. La escena quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde se observa la brutalidad con la que operaron los agresores, evidenciando no solo la vulnerabilidad de la víctima, sino también la capacidad de acción de grupos criminales en la región.
Semanas después, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que los restos de la periodista Roxana Guzmán habían sido localizados de manera fragmentada en distintos puntos, lo que obligó a la realización de pruebas forenses para determinar su identidad.
El avance más significativo de la investigación ha sido la detención de ocho personas presuntamente involucradas en el secuestro y asesinato. Entre ellos figuran Javier Iván N., alias “Delta 1”; José del Carmen N., alias “Delta 7”; y Luis Arturo N., alias “Delta 11”, identificados como presuntos operadores directos del plagio.
A ellos se suma Karen Monserrat N., alias “La Hiena”, señalada como participante en el homicidio.
Sin embargo, uno de los elementos más graves del expediente es la captura de cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste: Julio César N., Luis Enrique N., Juan Carlos N. e Ismael N., acusados de brindar apoyo logístico, recursos y alimentación a los integrantes del grupo criminal.
La posible participación de elementos de seguridad pública vuelve a encender alertas sobre la infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales, un fenómeno que ha debilitado la confianza ciudadana y comprometido la seguridad de periodistas y activistas.
De acuerdo con la Fiscalía, fue gracias a la información proporcionada por uno de los principales detenidos que se logró ubicar el lugar donde fueron abandonados los restos.
Aunque las detenciones representan un avance, el asesinato de Roxana Guzmán expone nuevamente el alto riesgo que enfrenta el ejercicio periodístico en México, considerado uno de los países más peligrosos para la prensa fuera de contextos de guerra.
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Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido que la impunidad sigue siendo el principal incentivo para la repetición de estos crímenes, mientras el caso de Roxana se suma a una larga lista de periodistas asesinados o desaparecidos en el país.
La Fiscalía de Veracruz aseguró que la investigación sigue abierta para esclarecer por completo la cadena de responsabilidades y determinar si existen más implicados, tanto materiales como intelectuales.
