La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, reconoció haber realizado viajes en aviones privados, aunque negó que utilizara recursos públicos para pagarlos.
Sin embargo, la explicación ocurre después de una investigación de Reforma que documentó cientos de movimientos migratorios de la mandataria, familiares y allegados.
De acuerdo con los registros citados por el diario, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025 acumularon 605 entradas y salidas del país.
Además, 283 movimientos ocurrieron en vuelos privados, cifra que coloca el uso de aeronaves ejecutivas como uno de los puntos centrales del cuestionamiento.
Mara Lezama sostuvo que la cantidad de viajes difundida públicamente “no es real” y rechazó la interpretación de que hubiera pasado casi un año completo de vacaciones.
Asimismo, argumentó que sus responsabilidades como gobernadora y madre la obligaron a combinar sus actividades públicas con su vida familiar.
“Los viajes que realicé, en su momento, respondieron al carácter familiar”, afirmó la mandataria en respuesta a los señalamientos.
No obstante, la explicación deja abierta una pregunta clave: quién contrató las aeronaves, cuánto costaron los traslados y quién asumió cada gasto.
Polémica de Mara Lezama alcanza a Gino Segura
Por otra parte, Mara Lezama rechazó haber viajado con Eugenio “Gino” Segura, senador con licencia y aspirante a disputar la gubernatura de Quintana Roo.
Según la investigación periodística, ambos compartieron vuelos con familiares de la gobernadora en 35 ocasiones, un dato que Lezama negó públicamente.
Además, Segura ocupó previamente cargos en el Gobierno de Quintana Roo y actualmente mantiene aspiraciones políticas dentro de Morena.
Por ello, la coincidencia de viajes adquirió una dimensión política que rebasa el argumento de simples desplazamientos familiares.
La gobernadora también afirmó que su esposo y sus hijos nunca han participado en política, pese a aparecer en los registros migratorios analizados.
Asimismo, recordó que antes de incorporarse a la política trabajó durante más de tres décadas en la iniciativa privada.
En ese sentido, la gobernadora tendrá que acreditar documentalmente quién pagó los vuelos y bajo qué condiciones obtuvo esos servicios.
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El caso, además, pone bajo escrutinio la relación entre vida privada, poder político y transparencia en una administración encabezada por Morena.
