Activistas y familiares de víctimas exigieron investigar a la llamada Patrulla Espiritual, vinculada con centros de rehabilitación en Tijuana, tras la muerte de un joven estadounidense.
Richard Damián, de 28 años, murió el 21 de agosto dentro del Centro Jireh, después de permanecer tres días internado. La necropsia determinó asfixia mecánica por sofocación.
Además, la Fiscalía de Baja California detuvo a Mario Antonio “N” y Anthony “N”, señalados como probables responsables del homicidio calificado con ventaja. Ambos enfrentan un proceso judicial.
La investigación también documentó que otras personas abandonaron el establecimiento después de que Richard dejó de presentar signos vitales. La Fiscalía indaga su posible participación.
Reclaman revisar operación de los centros
El director del Albergue Ágape, que atiende migrantes y refugiados en Tijuana, pidió al Senado y gobiernos federal y estatales investigar las actividades de la organización.
El activista advirtió sobre posibles detenciones arbitrarias y maltratos contra personas con problemas de adicción, además de cuestionar el financiamiento y expansión de estos establecimientos.
Familiares de Richard también solicitaron intervención federal para esclarecer completamente su muerte y revisar las condiciones bajo las cuales operaba el Centro Jireh.
La necropsia reveló más de 40 lesiones en distintas partes del cuerpo, además de la asfixia que provocó el fallecimiento.
Jireh quedó bajo suspensión sanitaria
Aunque los activistas reclamaron que el establecimiento continuara funcionando, la autoridad sanitaria suspendió temporalmente la Clínica Jireh el 4 de septiembre.
COEPRIS detectó incumplimientos sanitarios e irregularidades relacionadas con el consentimiento de las personas internadas. Durante el operativo también detuvieron a un hombre armado que fungía como escolta.
La Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación relacionadas con el funcionamiento del centro y posibles responsabilidades adicionales.
El Centro Jireh pertenece, según reportes periodísticos, a Jesús Ignacio Osuna, “Chikilin”, y mantiene vínculos en redes sociales con la denominada Patrulla Espiritual.
El caso coloca bajo escrutinio los métodos utilizados por organizaciones que intervienen con personas en situación de vulnerabilidad bajo el argumento de ayudarlas contra las adicciones.
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El reclamo central apunta ahora a determinar quién autoriza estos establecimientos, cómo operan, quién los financia y qué controles reciben, especialmente cuando existen denuncias de abusos.