El gobierno de Hidalgo rechazó que el megaoperativo federal contra el CJNG confirme operaciones criminales de ese grupo dentro del territorio estatal.
Sin embargo, la postura oficial contrasta con un despliegue que incluyó 36 cateos, 20 detenidos y 113 vehículos asegurados en tres entidades.
Además, las autoridades federales identificaron a los detenidos como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque no precisaron cuántos capturaron en Hidalgo.
Por ello, el discurso estatal abre una pregunta incómoda: si Hidalgo solo sirvió como residencia, ¿qué hacían ahí presuntos integrantes de una organización criminal?
Asimismo, el operativo incluyó armas, cargadores, cartuchos, drogas, dinero, joyería, equipos de comunicación, drones y fauna silvestre asegurada.
De esta manera, la magnitud del despliegue federal dificulta reducir el episodio a una simple presencia residencial sin actividad criminal comprobada.
Menchaca evita reconocer operaciones criminales
Primero, el gobernador Julio Menchaca sostuvo que las detenciones no demuestran por sí mismas que el CJNG opere criminalmente en Hidalgo.
Según el mandatario, algunas personas relacionadas con organizaciones delictivas podrían vivir en Hidalgo sin desarrollar necesariamente actividades ilícitas dentro del estado.
Además, Menchaca afirmó que su administración conocía previamente las acciones federales y colaboró cuando las autoridades solicitaron su participación.
Sin embargo, el gobernador remitió los detalles a las instituciones federales porque ellas encabezaron las investigaciones de inteligencia que condujeron a los cateos.
En consecuencia, la explicación estatal descansa en una distinción jurídicamente válida, pero políticamente incómoda: detener presuntos criminales no equivale automáticamente a probar operaciones locales.
Aun así, la ciudadanía merece conocer cuántos inmuebles inspeccionaron en Hidalgo, cuántos detenidos encontraron allí y qué delitos investigan las autoridades federales.
Hasta ahora, el comunicado oficial agrupó los resultados de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, sin distribuir públicamente cada aseguramiento por entidad.
Por tanto, esa falta de desglose alimenta dudas sobre el verdadero alcance que tuvo el operativo dentro del territorio hidalguense.
SSPH tampoco confirma al grupo criminal
Posteriormente, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, evitó confirmar que los detenidos pertenezcan al CJNG.
El funcionario argumentó que algunos delincuentes llegan desde otras entidades para cometer delitos, pero afirmó que la corporación carece de datos precisos sobre sus organizaciones.
Asimismo, Cruz Neri destacó que Hidalgo mantiene patrullajes y operativos constantes en los municipios para contener actividades delictivas.
No obstante, la explicación vuelve a trasladar el problema hacia los grupos externos, sin aclarar cómo ingresan, dónde se establecen ni cuánto tiempo permanecen.
Además, autoridades federales realizaron en agosto otros operativos en Hidalgo con detenidos, armas, cartuchos, dinero y hasta hidrocarburo asegurado.
Por consiguiente, el argumento de que los delincuentes simplemente llegan de otros estados no resuelve las dudas sobre las redes que encuentran dentro de Hidalgo.
La seguridad estatal necesita identificar esas conexiones, especialmente cuando los grupos criminales requieren logística, alojamiento, transporte, información y mercados para operar.
Un megaoperativo que Hidalgo no puede minimizar
Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad federal informó que Defensa, Marina, FGR, SSPC y Guardia Nacional ejecutaron las acciones entre el 21 y 23 de agosto.
El despliegue permitió detener a 20 presuntos integrantes del CJNG y asegurar 113 vehículos, diez armas, droga, dinero, comunicaciones y fauna.
Además, las autoridades localizaron una pantera negra, un tigre, un león, ganado bovino y porcino, así como 77 aves de granja.
El propio Gobierno federal presentó el operativo como parte de una estrategia para reducir las capacidades operativas, logísticas y financieras del CJNG.
Por ello, resulta insuficiente que Hidalgo simplemente niegue una presencia criminal sin explicar qué encontraron las fuerzas federales dentro de su territorio.
La precisión importa: el operativo no prueba por sí mismo que el CJNG controle Hidalgo ni que mantenga una estructura permanente en la entidad.
Sin embargo, tampoco permite descartar una posible presencia criminal únicamente porque las autoridades locales todavía no cuentan con elementos suficientes para acreditarla.
En ese escenario, la responsabilidad institucional exige investigar, transparentar resultados y explicar las zonas donde ocurrieron los cateos.
Finalmente, negar una operación criminal organizada requiere algo más que declaraciones: Hidalgo necesita presentar información verificable que permita conocer qué ocurrió realmente durante el megaoperativo.
Porque si los presuntos integrantes del CJNG solamente residían en Hidalgo, las autoridades todavía deben explicar por qué eligieron precisamente esta entidad para establecerse.
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Y si además realizaban actividades criminales, entonces el gobierno estatal enfrenta una pregunta mayor: ¿cómo no detectó antes una estructura que requirió semejante despliegue federal?
