La agencia internacional Moody’s Ratings rebajó este miércoles la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3, dejando al país en el último escalón del grado de inversión y encendiendo nuevas alarmas sobre el deterioro de las finanzas públicas bajo la actual estrategia económica.
La decisión representa un duro golpe para la credibilidad financiera del gobierno mexicano, pues refleja la creciente preocupación de los mercados internacionales por el aumento de la deuda, el bajo crecimiento económico y el peso que sigue representando el rescate permanente de Petróleos Mexicanos.
En su comunicado, Moody’s advirtió que el debilitamiento fiscal de México se aceleró durante 2024 y podría prolongarse en los próximos años debido a una combinación de gasto público rígido, una recaudación limitada y el constante flujo de recursos destinados a Pemex, considerada desde hace años uno de los mayores riesgos financieros para el país.
La calificadora señaló que el gobierno tiene cada vez menos margen para estabilizar la deuda pública en un entorno marcado por crecimiento económico débil y menor flexibilidad fiscal. La advertencia deja entrever que las promesas de disciplina financiera han sido insuficientes frente a la presión del gasto y la falta de resultados estructurales.
Aunque Moody’s mantuvo una perspectiva “estable”, esto no implica tranquilidad económica, sino la expectativa de que el deterioro continuará de manera gradual gracias a ciertos factores de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el mensaje de fondo es claro: México ya se encuentra al límite del grado de inversión y cualquier nuevo deterioro podría empujarlo hacia una categoría especulativa.
La degradación ocurre apenas días después de que S&P Global Ratings cambiara de estable a negativa la perspectiva de la deuda mexicana por el debilitamiento de la flexibilidad fiscal, confirmando que la desconfianza internacional sobre el manejo económico del país comienza a generalizarse.
Analistas financieros advierten que una pérdida del grado de inversión tendría consecuencias severas: aumento en el costo de la deuda, salida de capitales, menor inversión extranjera y presión sobre el tipo de cambio. Todo ello en un momento en que la economía mexicana enfrenta desaceleración, incertidumbre internacional y un aparato productivo cada vez más dependiente del gasto público.
El golpe de Moody’s también revive las críticas hacia la política energética del gobierno, centrada en sostener financieramente a Pemex pese a sus problemas estructurales y multimillonarias pérdidas. Para diversos especialistas, la petrolera se ha convertido en un “agujero fiscal” que absorbe recursos públicos mientras limita inversiones en salud, infraestructura y crecimiento económico.
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La rebaja de la calificación deja además un mensaje político incómodo: pese al discurso oficial sobre fortaleza económica y finanzas sanas, los principales organismos financieros internacionales comienzan a ver señales de fragilidad que podrían agravarse en los próximos años.
