Debe ser frustrante para Karla Quintana constatar que se metió a la cueva del lobo. Fue útil en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y no localizadas (CNB), en la medida de que sus hallazgos no se refirieran al espanto que se sigue viviendo.
Quintana ya forma parte de los exservidores públicos que son vilipendiados, acusados de conservadores y derechistas.
El presidente López Obrador dice que no sabe cómo es que llegó al cargo la ex comisionada, pero en la Secretaría de Gobernación le pueden proporcionar los datos específicos del procedimiento que contempla la legislación y de la terna que le enviaron para que él tomara la decisión.
Supongo que Quintana en ese momento le pareció adecuada, porque era crítica al régimen anterior, contaba con los conocimientos para la tarea de iba a desempeñar y porque Alejandro Encinas había supervisado todo el procedimiento que llevó a su designación.
Ahora, el titular del Ejecutivo señala que puede “estar equivocado, pero estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado (…) que había intención de afectar al gobierno.”
Pero fue a más: “nos dimos cuenta de que había una actitud, cuando menos, irresponsable: conferencias de prensa para decir que había 126 mil desaparecidos y además con un crecimiento de los últimos años. Si yo no soy Calderón.”
Los problemas iniciaron, paradójicamente, con lo que se hizo bien. La CNB purgó y adecuó, por medio de tecnología, el Registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas, por lo que se pudo establecer que entre 1964 y el 2021, los reportes alcanzaron los 232 mil 134 casos, de los que continuaban vigentes 94 mil 334, de acuerdo con los datos se proporcionaron al Comité contra Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
Esto fue el principio de una serie de problemas que derivaron en que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, idearan un procedimiento de búsqueda de casa por casa, apoyados por los siervos de la nación, que rompe con cualquier parámetro de calidad y que lo que generará es una distorsión en un modelo que sí estaba funcionando.
Al presidente López Obrador le encantó la idea, porque le vendieron que las desapariciones registradas disminuirían y en eso están. Obviaron, por supuesto, que con los instrumentos del Protocolo Homologado de Búsqueda, que se apegan a estándares internacionales, se localizó a un 59.3% de las personas y que, en la mayoría de los casos, un 93.3%, fue con vida.
El problema es, y seguirá siendo, las desapariciones que tienen que ver con acciones del crimen organizado y donde el 60% de las víctimas son menores de 35 años.
En la CNB avanzaron en estudios de análisis de contexto de casos como el de las 47 personas desaparecidas en Nayarit, el de Claudia Uruchurtu Cruz en Oaxaca y sobre el terror que puede significar cruzar el kilómetro 26 de la carretera de Monterrey-Nuevo Laredo.
Un aspecto destacable del trabajo de la CNB y que probablemente quedará en el limbo, es lo que se refiere a la búsqueda de personas desaparecidas en la Guerra Sucia. En teoría, por los años de estudio, que van de 1968 a 1982, no tendrían que existir objeciones, pero estas búsquedas suelen topar con las bardas de los cuarteles o con la sustracción de archivos, como han denunciado los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
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La CNB inclusive creó un grupo especializado para indagar la Guerra Sucia en su ámbito de competencia y se abrieron líneas interesantes revisando las bitácoras del Servicio Médico Forense del entonces Distrito Federal.
Pero todo esto será borrado. La CNB solo es útil si se une al coro de felicitaciones y se inscribe en reino de los otros datos.
