El asesinato de Luis Martín Sánchez Íñiguez nos recuerda la fragilidad y el alto riesgo en que se ejerce el periodismo. Esto es así, por los altos niveles de impunidad.
Los ataques de la delincuencia organizada no han parado desde hace décadas, pero lo desalentador es que no se perciben acciones desde los ámbitos de gobierno que puedan corregir esta situación tan agraviante. Por el contrario, muchas veces los periodistas están expuestos a la violencia, pero también a ataques y descalificaciones que se lanzan desde distintos niveles de la administración pública.
Es evidente que urge todo un replanteamiento en las estrategias de seguridad y que uno de sus capítulos debe ser el de la relación sana con los medios de comunicación de las agencias de seguridad, para que esto sirva como una especie de escudo ante los ataques de poderes criminales.
La muerte de Sánchez Íñiguez debe ser un factor de alarma, pero a la vez de acción en ese sentido. Es muy sombrío lo que está ocurriendo, y pega en los cimientos sociales por el daño que hace a familias enteras.
Las autoridades en Nayarit están indagando en el trabajo que el corresponsal de La Jornada realizó en los últimos años, para encontrar ahí el móvil del crimen. Ponderan la importancia del contexto, para no perder un tiempo valioso y dar así con los responsables. Ojalá continúen por esa ruta, a pesar de las presiones que encontrarán en el camino.
Quienes ordenaron matar al periodista, seguramente intentarán que no se conozca la verdad. Es un juego de fuerzas, en el que, por desgracia, las fiscalías no siempre están a la altura de las circunstancias, aumentando el desánimo social y generando la impresión de que es imposible revertir lo que está ocurriendo.
Hay regiones del país donde los bandidos impusieron su ley del silencio. Ellos deciden qué se publica y qué no en temas relacionados con la inseguridad.
Por eso son tan despiadados contra los periodistas que hacen su trabajo. Una labor, por cierto, que es de utilidad social, porque los ciudadanos tienen el derecho a estar informados, más aún en aspectos tan trascendentes para su propia vida como son los que tienen que ver con la seguridad.
¿Cuándo inició esta situación? ¿Cuándo escribir una nota se tornó tan peligroso? Es difícil acudir a fechas precisas, porque se trata de una red que va estableciendo vínculos y presiones, pero que no responde a un grupo en particular, sino a una dinámica delictiva.
Al menos desde 2008 iniciaron los amagos contra periodistas en los lugares de mayor presencia criminal. Los corresponsales tuvieron que dejar de firmar las notas relacionados con la nota roja, y esto abarcó pronto otro tipo de informaciones.
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Pero todo ha empeorado. De acuerdo con Reporteros sin Fronteras en 2022, el 20 por ciento de los homicidios en contra de periodistas en mundo ocurrió en México.
Tan solo este año ya se tienen documentados seis casos, incluyendo el de Sánchez Íñiguez. Un espanto, por dónde quiera que se le vea.
