Hace 18 años le quitaron el fuero al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. El PAN y el PRI votaron en conjunto para hacer procedente la acusación de la PGR por el delito de la violación de una suspensión de amparo.
Un juez había ordenado frenar, desde agosto de 2001, la construcción de un camino en el predio El Encino que comunicaría con el Hospital ABC en Santa Fe y no le hicieron el menor caso en el viejo Palacio del Ayuntamiento.
El juzgador ordenó a la PGR actuar en contra de lo que consideró, entre otras cosas, un abuso de autoridad, y el 7 de abril de 2005 San Lázaro era un hervidero en el que se tomaría una de las decisiones políticas más trascendentes en décadas, ya que se abriría la puerta para proceder penalmente contra uno de los aspirantes a la presidencia de la República.
Nueve horas duró la sesión de la Cámara de Diputados presidida por Manlio Fabio Beltrones.
Una lectura del Diario de los Debates muestra que no pocos de los ejes de la discusión pública se plantearon desde ese momento. Por un lado, la defensa de la legalidad y, por el otro, la pertinencia de la justicia.
Desde el gobierno del presidente Vicente Fox se argumentó sobre la necesidad de acatar la ley, tratado de esquivar el sentido político de la acusación y en la cancha de López Obrador haciendo énfasis en que todo giraba en torno a la disputa de la nación, obviando las responsabilidades de no sujetarse a lo que disponen las leyes.
Al paso del tiempo resulta absurdo negar que el sentido del desafuero era sacar al que sería el candidato del PRD de la boleta, pero de igual forma es inútil refutar que lo planteado en los expedientes estaba sustentado.
El representante de la PGR, Javier Vega Memije presentó las líneas centrales de litigio: “estamos aquí porque se desafió y se desobedeció el mandato del Poder Judicial de la Federación”.
Experimentado, el colaborador del procurador Rafael Macedo de la Concha, señaló que, al no acatar la suspensión, “los gobernantes se colocan por encima de los gobernados, por encima de las leyes que los rigen y en prejuicio de la democracia y las libertades”.
López Obrador esbozó lo que se convertiría en uno de los ejes de su discurso y en el tema de sus campañas: “son ellos (PAN y PRI) los que tienen miedo de que el pueblo opte por el cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses”.
Y resaltó lo que para él resultaba el centro de la hipocresía: “ahora resulta que, en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y de otros latrocinios, cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos”.
En efecto, siempre hay dudas sobre el actuar de la autoridad, antes y ahora.
Lo que se estaba configurando era un error político de grandes consecuencias. Los 360 votos en favor de que se procediera contra López Obrador se toparían con la realidad días después, cuando el presidente Fox anunciara un viraje, aceptara la renuncia de Macedo de la Concha y se archivara para siempre el archivo de El Encino.
Lo advirtieron Jesús González Schmal, Pablo Gómez y de modo destacado un priista, Roberto Campa Cifrián, quien manifestó: “la pregunta que debemos respondernos es si es esta una manera legítima de resolver la elección, cancelando una de las opciones de nuestra democracia, diciendo al pueblo que no tiene el derecho a decidir.”
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Pero Campa tampoco se engañaba. “Comparto plenamente la percepción de que López Obrador está muy lejos de tener los atributos que reclama un estadista. Es mesiánico, fundamentalista, siempre cuestionando a la ley y retando a las instituciones”.
18 años de aquellos días y una frase de López Obrador que todavía está dibujada como una incógnita: “todavía falta que a ustedes y a mi nos juzgue la historia”. En efecto.
