El gobierno de la República localizó y ordenó difundir 31 contratos vinculados al software de espionaje Pegasus suscritos por diferentes cuerpos de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón (2006-2011) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por valor de unos 61 millones de dólares.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, lo informó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que toda esa documentación ya estaba en poder de la fiscalía federal, encargada de toda la investigación sobre el caso.
Aseguró que toda esa documentación ya estaba en poder de la fiscalía federal, encargada de toda la investigación sobre el caso
Según Rodríguez, la empresa israelí NSO utilizó “compañías ‘fachada’ para obtener contratos de diferentes instancias del gobierno federal —incluida la Secretaría de Gobernación, por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”, como el mantenimiento de comunicaciones o la compra de vestuario.
La treintena de contratos podría ser sólo una parte de los suscritos durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto ya que hace una semana Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que los pagos por los servicios de espionaje alcanzaron casi 300 millones de dólares y que no sólo los realizaron dependencias federales sino gobierno estatales como el del Estado de México y el de Veracruz.
El uso de Pegasus ya había sido denunciado en México durante el gobierno de Peña Nieto pero una investigación realizada por un consorcio global de medios de comunicación basada en datos sobre personas afectadas proporcionó este mes más evidencia de que un malware de grado militar del NSO Group, la organización de hackers a sueldo en Israel, estaba siendo utilizado para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes políticos.
De una lista de más de 50.000 números de teléfonos celulares, fueron identificados 189 periodistas, más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, al menos 65 ejecutivos de negocios, 85 activistas de derechos humanos y varios jefes de Estado de distintos países del Mundo.
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México tenía la lista más grande —alrededor de 700 números— entre los seleccionados por clientes de NSO para una posible vigilancia. Entre ellos estaba el actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era líder de la oposición y su circulo más cercano.
Algunas compras del software espía en México ocurrieron bajo el mandato del exsecretario de seguridad Genaro García Luna, quien se encuentra detenido por cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos. Otras tuvieron lugar durante la administración de Peña Nieto, uno de cuyos máximos funcionarios, Tomás Zerón, vinculado a la desaparición de 43 estudiantes en 2014, huyó posteriormente a Israel.
